El Senado de la Nación sancionó por la noche del jueves 30, por 60 votos a favor y uno negativo, la nueva ley de respuesta integral al VIH. Se trata de un avance de las organizaciones seropositivas, luego de ocho años de movilizaciones y lucha.

El proyecto de ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, e ITS había sido sistemáticamente cajoneado por parte de los bloques mayoritarios del Congreso Nacional. La sanción definitiva de este proyecto es una conquista para los pacientes con VIH, activistas y organizaciones seropositivas que elaboraron e impulsaron el proyecto.

La nueva ley contempla una protección integral a las personas que son sujeto de derecho de la misma y reemplaza a la Ley Nacional de sida 23.798 del año 1990. Los puntos más destacables son la prohibición del uso de test VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS para acceder a un puesto de trabajo, una práctica muy extendida en las patronales para excluir y discriminar a quienes conviven con el virus. También incluye la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Asimismo, contempla no solo la salud física, que debe garantizarse con medicación y tratamientos médicos continuos e ininterrumpidos, sino que plantea un abordaje de salud integral hacia quienes son diagnosticados. En el mismo sentido, el proyecto sancionado también destina todo un capítulo a “las mujeres y personas con capacidad de gestar”, y estipula el derecho al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto “favoreciendo el derecho al parto vía vaginal”), así como a la atención integral durante el embarazo y el posparto.

Estos aspectos positivos de la ley que apoyamos e impulsamos, no esconde la grave situación en Argentina, donde según datos del Ministerio de Salud de la Nación, hay 140 mil personas que viven con VIH, un 17% no conoce su diagnóstico y 65 mil personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público. Estos datos relevados en el Boletín N°38 -Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina publicado por el Ministerio de Salud- dan cuenta de una situación catastrófica en materia de atención y abordaje de esta problemática: un 29,9% de las personas que conoce su situación, ha sido diagnosticada en un estadio avanzado de la infección y solo existen 36 espacios inclusivos- destinados a mejorar el acceso y la calidad de atención de la población de la diversidad sexual en el sistema público de salud- en todo el territorio argentino.

Esta alarmante situación se combina con otros datos preocupantes; en aquellas provincias que en el año 2019 presentaron tasas de casos de VIH más elevadas – Jujuy (39,7 por 100 mil), Formosa (22,2), Salta (21,8)-, no existen siquiera estos espacios inclusivos. Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores presentamos en el Congreso Nacional un pedido de informe sobre la atención que el Estado Nacional brinda en respuesta al tratamiento y prevención del VIH, las hepatitis virales, la TBC y las ITS.

Por otro lado, no hay campañas masivas permanentes de prevención y concientización y resulta innegable la ligazón del Estado con la Iglesia católica, que prohíbe las campañas del uso de preservativos y la aplicación de la Educación Sexual Integral. Asimismo, el ajuste en curso y particularmente en el sistema de salud golpea de lleno a la población de personas convivientes con estas infecciones. Es el mismo Estado el que terceriza la respuesta en manos de ONGs y refuerza lazos con la Iglesia (principal estigmatizadora de las personas infectadas con el virus), resultando un obstáculo para el acceso a la salud integral.

Como afirmó nuestra diputada Romina Del Plá cuando se votó la ley en la cámara de diputados, “defendemos integralmente esta ley y redoblamos nuestro apoyo a la lucha y la organización, que es la única forma de avanzar, conquistar derechos y hacerlos efectivos”.  Ahora toca la tarea de seguir en la lucha por su aplicación inmediata, cierta y efectiva.

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