El pasado 27 de octubre en el Senado se le dio la media sanción faltante al proyecto de ley que incorpora dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) un protocolo para abordar mediante prácticas preventivas y terapéuticas la asistencia a víctimas de violencia de género según los parámetros establecidos para definir la violencia que están establecidas en la ley de protección integral.

Para el año 2023 se ha votado un presupuesto con una fuerte reducción del denominado gasto público que afecta profundamente diversas áreas sociales, como es la salud. Las partidas presupuestarias de Nación, las provincias y Ciudad en el año 2023 serán en inferiores como consecuencia del recorte salvaje que se hizo en todos los presupuestos públicos a los fines de cumplir con las metas exigidas por el FMI votadas tanto por el Frente de Todos por Juntos por el Cambio.

Por otro lado, la cuestión será la letra chica que vendrá con la reglamentación y los alcances que pueda tener en el territorio nacional definido por la adhesión con la que debe contar necesariamente tanto de las provincias como de la Ciudad de Buenos Aires. Sin esa adhesión las jurisdicciones locales no estarán obligadas a su cumplimiento.

La cobertura - se informa - debe ser total e integral e involucra todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente. Luego de su promulgación se establece un plazo de 90 días para que entre en vigencia. El Ejecutivo – a través del Ministerio de Salud – actuará como autoridad de aplicación, esto es, de él dependerá la reglamentación.

Por el proyecto quedan obligados a brindar la cobertura todos los efectores de salud de sistema público y privado – obras sociales sindicales y universitarias, entidades de medicina prepaga, el PAMI -. En el caso de los efectores públicos – hospitales y otras unidades sanitarias – dependerá de la adhesión que hagan a la futura ley las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que en materia de salud éstas tienen competencia concurrente con la Nación y por lo tanto no se aplica de manera directa la legislación sin que las provincias y la Ciudad adhieran. Ese es el contexto en que se presenta la futura ley lo que la hace en los hechos inaplicable.

Dentro de los fundamentos del proyecto votado se hace referencia a una problemática de género que desborda. Lo que no dicen es que quienes son responsables de esta situación son los Estados nacional, provinciales y de la Ciudad, principalmente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que desde que se constituyó no tomó ninguna medida real y efectiva. Sólo diseñó un programa de asistencia por seis meses que abarca una minúscula población víctima de violencia y que recibe – con suerte – un subsidio económico equivalente al salario mínimo ($57.900 a noviembre 2022).

Mientras tanto, Argentina registró un total de 217 feminicidios y trans/travesticidios en los primeros nueve meses de 2022, según informes del Observatorio Lucía Pérez. Sin presupuesto para salud, con una infraestructura deficitaria, cuando vemos la creciente lucha que despliegan residentes y concurrentes en la Ciudad, con el paro de los Hospitales Garrahan y Posadas, profesionales de la salud que cobran salarios de hambre; las posibilidades de que esta ley se cumplan no existen, la ley es toda una impostura.

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