En medio de un nuevo salto en las cifras de contagios de Covid-19, se ha disparado la compra de autotests en farmacias en un 215% en los últimos días y ha quedado al descubierto que el gobierno nacional ha desmantelado casi todo el servicio sanitario de testeo y control de la pandemia. Una consecuencia más del ajuste fondomonetarista, que agrava la crisis sanitaria.

El gobierno ha dejado de testear a la población general, lo que ha redundado en un crecimiento dela demanda de autotests en las farmacias. Esto implica que el control sanitario del gobierno es casi nulo, dependiendo de que cada persona complete el informe posterior al autotests realizado.

Además, como el costo ahora corre por cuenta de la personas con síntomas de Covid -con un precio promedio de $1.650 para el test rápido de antígenos- muchas personas en sospecha de contagio desisten de hacerse la prueba, por lo cual no solo no existe una estadística real del estado de situación epidemiológico, sino que el virus se propaga con mayor facilidad.

Entre la segunda y la tercera semana de diciembre los contagios informados pasaron e un total de 27.119 a 62.261, según el Boletín Epidemiológico Nacional. La cantidad de autotests vendidos durante ese periodo pasó de 10.160 a 31.815, multiplicándose por tres (Clarín, 27/12).

Para la semana 50 del año (11 al 17 de diciembre) la proporción de casos positivos por autotests ascendió al 30,5% del total, mientras que una semana antes se encontraba en el 19,9% (Idem).

Los testeos públicos se encuentran reducidos a su mínima expresión, reservados para los adultos mayores, personas de riesgo y/o con comorbilidades.

Por esta vía no existe ningún control epidemiológico actual, ni estadística sanitaria real sobre la cual intervenir. El gobierno solo recomienda aislarse en caso de síntomas o duda de contagio, algo con nula incidencia preventiva, que deposita en la población la carga de decidir cómo proceder ante la duda.

Una respuesta organizada al problema demandaría rearmar las postas sanitarias y de testeo desmanteladas por el gobierno, y una campaña integral de prevención de contagios y medidas sanitarias y económicas para garantizar los controles y el aislamiento.

En un fin de año signado por las dificultades económicas la mayor parte de las y los trabajadores no pueden darse el lujo de perder un día de trabajo y el correspondiente ingreso económico. El sistema está formulado para que nada se detenga y todo siga igual, con la eliminación de la presunción del Covid como enfermedad laboral, la inexistencia de testeos públicos que acrediten fehacientemente el contagio y la falta de medidas compensatorias para quienes deben aislarse.

Peor es el caso para quienes se desenvuelven en la economía informal y/o en las changas, que no cuentan  con ningún otro recursos que el autotest privado o directamente omitir los síntomas.

El sistema sanitario nacional es víctima del vaciamiento económico del gobierno y del presupuesto de ajuste del FMI. Las pocas medidas sanitarias son financiadas por los bolsillos de los trabajadores y dependen de una lucha contra el sistema para garantizar su cumplimiento.

Para saber dónde estamos parados es necesario el retorno de los testeos públicos para la población general, con la asignación de presupuesto y profesionales correspondientes para atender la demanda sanitaria de la población.

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