No hay dudas de que estamos atravesando el peor momento de la pandemia. Con casos diarios de coronavirus que no bajan de los 30 mil y al menos 400 fallecimientos por día, Argentina se consagró como el país con más muertes nuevas por millón del mundo. Aun así, el gobierno anunció que esta nueva etapa de la pandemia, marcada por un confinamiento de 9 días, se transitará de la misma manera que toda la segunda ola: sin recursos ni reforzamiento para el sistema de salud.

Luego de recortar el presupuesto 2021 de salud un 10%, el gobierno destinará una partida “extra” de $144.000 millones. Al menos la mitad, anunció el presidente, serán para la compra de vacunas. Recordemos que Argentina tiene contratos con varios laboratorios por casi 50 millones de dosis, de las cuales se pagó al menos el 54%; sin embargo, solo llegó el 25%, unas 12,6 millones. Por lo cual es probable que ese dinero ya se haya entregado a los laboratorios y el anuncio sea viejo. Es la confidencialidad de los contratos con las empresas lo que permite al gobierno comunicarlo como una novedad.

El caso más significativo que muestra la brecha entre lo pagado y lo recibido es el del laboratorio AstraZeneca, quien en asociación con el Grupo Sigman produce vacunas en la Provincia de Buenos Aires y cuyas primeras dosis (de las 22 millones contratadas) iban a entregarse a principio de año. En esta ocasión se abonó el 60% de lo establecido, pero recién el próximo lunes se vería el primer cargamento.

Si el gobierno hubiese atendido el reclamo de intervenir el laboratorio mABxience para completar el proceso de producción y distribución de la vacuna, hoy tendríamos un mayor avance en la inmunización de la población y probablemente una menor circulación del virus. Sin embargo no lo hizo en defensa de los negocios de los laboratorios. Es por eso que a 4 meses de iniciada la campaña aún falta inocular al 30% de los mayores de 60 años. Es decir que, incluso aunque sea una nueva “inversión”, termina funcionando como un beneficio más para los laboratorios privados, mientras la vacunación de la población sigue estando relegada.

La llegada de 4 millones de dosis podría completar la inoculación de los mayores de riesgo, pero lo cierto es que la población que rebasa las Unidades de Terapia Intensiva del país tiene un promedio de 53 años y aún se encuentra muy lejos de la vacunación.

En ese sentido, la situación en los hospitales es particularmente crítica. Los médicos intensivistas denuncian una mortalidad del 65% en las UTI, y la ocupación de camas supera el 90% en centros de salud públicos y privados de Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Córdoba, Neuquén, San Juan y Ciudad de Buenos Aires. Ante el estrés del sistema sanitario, el presidente en su discurso anunció un bono que ya había sido comunicado 30 días atrás y que solo contempla $6.500 durante tres meses para los trabajadores de la salud, quienes en su mayoría cobran salarios por debajo de la canasta básica familiar y, encima, se encuentran extremadamente precarizados por la falta de inversión y de contratación durante la pandemia, teniendo que atravesar jornadas laborales extenuantes y exponiéndose a ellos y sus familias diariamente al contagio. Ni siquiera en este cuadro el gobierno se sale del ajuste y de su política de reducción del déficit fiscal.

Para sumar, Alberto Fernández tiró el conjunto de la responsabilidad de los contagios y del descalabro sanitario a la población, cuando fue su gobierno el que no aumentó las camas ni tomó las medidas restrictivas necesarias con el fin de mantener las actividades económicas abiertas, lo que hoy se manifiesta con un 40% más de casos que la semana anterior. No se destino dinero para ninguna de estas cuestiones excepto en contadas situaciones, las cuales evidentemente fueron insuficientes frente a los resultados actuales.

El colmo es el anuncio de la entrega de $36.000 millones para la reducción de las contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios que el gobierno le regalará a las empresas de la medicina privada, quienes durante el último año han lucrado con la salud de la población, aumentando solo en mayo un 5,5% su cuota (que lo ubica por encima de la inflación de abril) y completando un 13,85% en lo que va del 2021. Esto sin mencionar la reducción de camas que denunciaron los trabajadores del sector y la enorme cantidad de clínicas que cerraron durante la pandemia, abandonando a los pacientes que se atendían allí a su suerte, y que hoy podrían ser utilizadas en medio del colapso. Todo esto fue posible por la falta de centralización del sistema de salud, sobre la cual el gobierno se negó a avanzar.

Para afrontar la crisis sanitaria son necesarias medidas reales de contención de la pandemia. La centralización del sistema sanitario tiene que ser una de ellas, junto con amplificación del presupuesto en salud para garantizar todos los recursos necesarios para enfrentar al coronavirus, desde camas UTI y respiradores, pasando por la reapertura de las clínicas cerradas bajo control obrero, hasta la contratación de más personal de salud. A este se le debe garantizar un salario acorde a la canasta básica que incluya la recomposición del salario perdido. También se debe apostar a la vacunación masiva, con la intervención del laboratorio de Sigman y la confiscación de la producción. El dinero para llevar adelante este programa tiene que provenir del cese del pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y rentas, como el presentado por el FITU.

 

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