Hace unos meses, el gobierno confirmó que Argentina tendría 5 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 para enero, y 50 millones para mitad de año. La realidad fue muy distinta. De esas 50 millones, 9 iban a provenir de la iniciativa Covax de la OMS.

La distribución que se conoció acerca de esa iniciativa es que Argentina recibiría 2,2 millones de dosis en el primer trimestre -es decir un cuarto de las anunciadas en su momento-, lo que representa solo el 0,1% del total de las vacunas del fondo de Covax.

El contrato que firmó el gobierno con la Alianza para la Vacunación (Gavi), a cargo de este proyecto junto con la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), deja el derecho de manejar con cada manufacturero los tiempos de entrega con discrecionalidad. Por eso el ritmo de entregas es una incógnita. Lo grave es que tampoco se pone en marcha medida alguna para frenar el avance del coronavirus hasta contar con las dosis, y sigue el ajuste sobre el sistema de salud.

La raíz del problema en la entrega de las vacunas tiene que ver con los retrasos en la producción que concentra un puñado de pulpos farmacéuticos, cuando las dosis que sí se produjeron fueron acaparadas por los países imperialistas, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos. Argentina quedó relegada en el reparto mundial.

Pero a su vez los operativos de vacunación en nuestro país son extremadamente lentos, y el megaplan que se iba a activar nunca sucedió. Al 5 de febrero (último día que se actualizaron los datos de la página del Ministerio de Salud), lo vacunados con la primera dosis de la Sputnik V son 307.326 personas, y con la segunda apenas 163.069.

Como se ve, la improvisada política sanitaria del gobierno es un fracaso rotundo. Urge el control popular de la vacunación, la apertura de los contratos firmados con los laboratorios y los organismos internacionales, y la centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores y con el presupuesto necesario para afrontar la pandemia.