Los gobiernos ya no pueden ocultar el sol con las manos: el Covid-19 circula en Río Gallegos y lo estamos exportando a varias localidades.

En la capital santacruceña, se registraban al domingo 2, al menos 333 casos activos, habiendo sido informados cuatro fallecidos (Télam, 2/8); y este martes 4, por la mañana, se sumó a la lista de áreas con transmisión comunitaria.

El nuevo aislamiento decretado llega muy tarde. Algunas personas ya han pagado con sus vidas por esta demora y otras pueden correr su misma suerte en  los próximos días. Desde hace un mes se supo de los primeros contagios importados, pero no se tomaron medidas drásticas; el discurso de la gobernadora Alicia Kirchner era que “Santa Cruz no retrocede”.

En las primeras restricciones, previas al Día del Amigo, hasta se había dejado abierto el casino. El ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich, y otros voceros sostenían que no hay que confundir, que no había circulación comunitaria sino solo por “conglomerados” o  “clusters”; palabras muy elegantes que no sirven para explicar el crecimiento explosivo de los casos, la posterior persistencia en el tiempo de los contagios y por fin la expansión del virus desde Río Gallegos a otros pueblos. A esta altura de la situación, el “conglomerado” del doctor Nadalich es todo Río Gallegos. Por su parte, el “Observatorio Municipal de la Pandemia” de Pablo Grasso, intendente de la ciudad, solo sirvió para mostrar en un mapa que efectivamente el virus se ha instalado en todos los rincones de la misma.

Lo más grave de todo es que la terapia del Hospital Regional Río Gallegos está al borde del colapso y el sistema de salud saturado. Esto muestra, más allá de cualquier "consideración", que no se tomaron las previsiones ante un posible brote, o que las que se tomaron se quedaron a mitad de camino. Se perdió un tiempo precioso durante más de 90 días.

Estos errores en el manejo de la pandemia, cometidos uno tras otro, no llevaron al gobierno a ninguna autocrítica. Se han negado a recibir a la CTA y otros gremios que reclaman acciones tan elementales como el hisopado a todo el personal de salud. Las autoridades solo pueden comunicarse con mensajes grabados, no pueden afrontar las preguntas de un grupo de periodistas. La reunión de Alicia Kirchner con ministros e intendentes, realizada este lunes 3, muestra a un gobierno de espaldas a su pueblo. En el comunicado se "hacen cargo" de la “responsabilidad” de “convencer a la gente que se cuide”: vale decir, que está todo bien en la gestión, con lo que queda en limpio del mensaje es que la culpa sigue siendo de la “gente”. El comunicado incluso se permitió establecer una felicitación general a todos los funcionarios (¡!) por el combate a la pandemia.

Las graves denuncias del personal del Hospital Regional por falta de trabajadores en cada especialidad, de claridad en los protocolos, de elementos de protección personal y de testeos son la muestra más cabal de la situación.

Desde el Partido Obrero exigimos a las autoridades sanitarias el cumplimiento de todas estas demandas de los trabajadores de la salud. Reclamamos comités de emergencia sanitaria de los propios trabajadores en los hospitales y lugares de trabajo esenciales, para controlar el cumplimiento y mejorar los protocolos de protección y cuidado; la estabilidad laboral de todo el personal precarizado y la incorporación de nuevo personal para cubrir a los “aislados”; que informen qué nuevos servicios de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) piensan habilitar si se satura la terapia actual, lo que puede estar ocurriendo en cualquier momento.

Es urgente reforzar el presupuesto de salud, invertir lo necesario inmediatamente, para que ningún santacruceño quede sin recibir la atención que se merece.

Para ingresar más fondos hay que exigir un aporte de emergencia a las mineras, que son un negocio próspero con la onza de oro tocando los 2.000 dólares, protegido desde el propio gabinete provincial (al punto de que sigue como como actividad esencial incluso ahora, en medio del desastre sanitario y la vuelta a Fase 1). En el país avanzamos en la misma dirección, con el proyecto del Frente de Izquierda en el Congreso para crear un verdadero impuesto a las grandes fortunas, que recaude 15.000 millones de dólares para salud, vivienda y servicios esenciales.

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