La decisión de Trenes Argentinos de recortar y suspender el servicio del Sarmiento ante el aumento de contagios entre los trabajadores ferroviarios, dejó al desnudo que el gobierno carece de un plan de contingencia que garantice adecuadamente el transporte a los trabajadores esenciales. Dada la enorme cantidad de contagios en sectores operativos claves, el servicio de la línea Sarmiento circula con grandes demoras y cancelaciones que afectan gravemente el cronograma de horarios. La empresa estatal no puede más que improvisar operando de manera cambiante día a día, de tal modo que hay jornadas en los que se corta el servicio antes del mediodía o, en el mejor de lo casos, despachando trenes hasta las 21h, sin ofrecer alternativas de viaje más que el transporte público automotor, sobrecargando de pasajeros al mismo.

A causa de esta reducción de frecuencias, de la permanente cancelación de servicios y de la contratación de ómnibus de larga distancia que no representan ni la mitad de la capacidad del tren y que los mismos no paran en la mayoría de las estaciones, los usuarios se han visto imposibilitados de poder viajar respetando alguna distancia mínima entre personas recomendada por los especialistas de la salud. Por el contrario, esta situación los coloca en una de las situaciones de riesgo de contagio más elevadas, en un contexto donde el sistema de salud se acerca a la capacidad límite establecida y sin haber llegado aún el famoso “pico”. De aquí parte la gravedad de toda esta situación.

Un gobierno que privilegia los intereses capitalistas no puede dar soluciones

El gobierno nacional terminó siendo el principal anticuarentena, al ceder ante las presiones de los grandes capitalistas y las cámaras patronales que los representan y acordar con los gobiernos del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de liberar muchas actividades no esenciales. En la otra cara de la misma moneda, existió durante todos estos meses una negativa desde el Estado de otorgar una real asistencia a los trabajadores parados, que abarca desde changarines y autónomos hasta a pequeños comerciantes, un verdadero subsidio para que puedan cumplir la cuarentena. Naturalmente, esto ha hecho que una gran cantidad de trabajadores se vean forzados a usar el transporte público para salir a buscar el sustento diario, en muchos casos, bajo la presión de perder sus fuentes laborales o de ser despedidos. A partir de este punto es donde la línea Sarmiento termina siendo un punto caliente de la pandemia en Argentina y termina afectando por igual tanto a los usuarios como a los trabajadores ferroviarios. En este cuadro el gobierno busca una salida al problema por la vía represiva, aumentando los controles, sancionando, poniendo más restricciones en los permisos de circulación y hasta apelando a la “responsabilidad individual”.  Se trata de una salida capitalista que se ha demostrado completamente inviable.

Hace unos días los grandes medios de comunicación de todos los colores político han notificado sobre una “reestructuración” exitosa de la deuda (que nunca se ha dejado de pagar en plena pandemia) por parte del gobierno que, visto desde un ángulo clasista, no es más que un nuevo pacto colonial que implica más ajuste en las condiciones de vida de la población trabajadora. Los recursos del país se van principalmente a los bolsillos de Caputo y su club de amigos, a banqueros y en subsidios al gran capital, que en su conjunto conforman una clase social parasitaria. Toda esta orientación propatronal choca de frente contra las urgentes necesidades de usuarios y trabajadores del ferrocarril.

Una salida

Trenes Argentinos se ve afectada a toda a esta política de Estado y por ello no puede dar respuestas satisfactorias. La realidad demostró, como advertimos desde el Partido Obrero, que más que nunca es necesario que los trabajadores del Sarmiento establezcan protocolos a partir de comisiones de seguridad e higiene electos y revocables y que luchen por hacerlos cumplir. Los usuarios deben apoyar esos reclamos y también discutir la nacionalización integral del transporte público bajo gestión obrera para reorganizarlo en función de las necesidades de las mayorías y, a su vez, un programa más amplio para combatir la pandemia y la crisis económica. Un punto de partida es el repudio al pago de una deuda usurera y fraudulenta, la centralización del sistema de salud y un impuesto a las grandes fortunas.