Frente a los miles de residentes y concurrentes de todos los hospitales porteños, que bloqueaban desde la mañana del miércoles los accesos de la Jefatura de Gobierno, el Ejecutivo de la Ciudad dispuso que se deje sin efecto la sanción de la ley votada el pasado jueves 28 en la Legislatura, que normatizaba la precarización y la superexplotación del sector. El acta firmada dispone, a su vez, la constitución de una mesa de trabajo.

El mecanismo para la suspensión es la presentación de un proyecto de derogación que mañana debe votar la Legislatura; los residentes resolvieron movilizarse hacia allí para garantizarlo.

Se trata de un gran triunfo de los residentes y concurrentes, impuesto a un gobierno que pretendía hacer oídos sordos al reclamo y se disponía -como lo manifestó la ministra del área, Ana María Bou Pérez, en una reunión el lunes pasado, avanzar hacia la reglamentación de la norma. Los trabajadores mantuvieron una huelga de siete días que incluyó grandes asambleas en los hospitales y movilizaciones, y debieron soportar la represión con la que se blindó la votación de la ley el jueves 28 en la Legislatura porteña, que fue respondida con un paro al día siguiente que se extendió a diversos sectores de la Salud.

La lucha obligó a recular tanto a la fracción kirchnerista de la Legislatura, que había puesto su firma en el proyecto de la ley que establecía las 64 horas de trabajo semanales y la discriminación salarial y en materia de licencias, como a las direcciones de la Federación de Profesionales de la Salud y de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), que venían participando de la negociación hacia la norma. El enorme apoyo en todo el área de Salud obligó incluso a la burocracia de la AMM a convocar a un paro frente a la represión.

La consecución del reclamo por la vía del paro general por tiempo indeterminado, mediante una organización asamblearia  que superó las divisiones gremiales, constituye un ejemplo para todo el movimiento obrero, en un cuadro de políticas de ajuste y despidos.