Los últimos diez días de aislamiento y restricciones han dejado perfectamente clara una cosa en la provincia de Tucumán: el gobernador Juan Manzur no tiene ninguna intención de cerrar absolutamente nada, a pesar de que estamos en un pico de casos de Covid y el sistema de salud está al borde la saturación. Los casos se multiplican en todo el noroeste argentino, y el nivel de testeos es realmente bajísimo. La positividad en Tucumán alcanza picos del 41%, lo que muestra claramente que no se está testeando lo suficiente, simplemente para ocultar que los contagios son muchos más de los declarados.

¿Quién cumplió en la provincia?

La gran industria de Tucumán no paró en ningún momento. La zafra del azúcar y la del citrus emplean más de 300.000 trabajadores entre puestos directos e indirectos: solo con este nivel de circulación alcanza para entender por qué los casos no disminuyen. El comercio no esencial y la gastronomía que supuestamente debieron cerrar sus puertas durante el aislamiento trabajaron en un pacto de no agresión con el gobierno. No abrieron sus puertas con normalidad, pero tampoco cumplieron las instrucciones de cerrar totalmente; Manzur y los intendentes macristas los “dejaron hacer”. Un acuerdo tácito mediante el cual todo el mundo miraba para otro lado. La policía solo actuó ante grandes aglomeraciones y con la sola intención de mostrar que “algo hacían”. Los más de 1100 casos diarios y los recurrentes fallecimientos no significaron mucho para Manzur.

La persistencia de este gobierno en solucionar los problemas de los que más recursos tienen y abandonar a los trabajadores es notable. La Legislatura está preparando junto a la Federación Económica de Tucumán un paquete para salvar a los empresarios gastronómicos, y en la misma línea, Manzur ya ha anunciado subsidios para ese sector empresarial de 3500 pesos por cada trabajador. Se trata de una cifra muy exigua para laburantes que en muchos casos si no van a trabajar no cobran, y es, por supuesto, solo para trabajadores en blanco, para el resto nada. Estos paquetes contrastan fuertemente con la ausencia de ayuda para los miles de trabajadores que no tienen ingresos formales, no hay IFE nacional ni provincial, detrás del eufemismo de “ayudar a todos” el gobierno subsidia a los empresarios y abandona a los laburantes. Un IFE provincial de 40.000 pesos mensuales para que los trabajadores puedan cumplir la cuarentena en regla y bajen los contagios sería fundamental en estos momentos.

La salud al borde del colapso

La saturación del sistema de salud es inminente ante el abarrotamiento de casos declarados y no declarados. Con más de 1100 casos diarios las guardias de los hospitales no dan abasto y los privados están escondiendo las camas para los pacientes particulares en desmedro de las obras sociales más chicas, y sobre todo, perjudicando a los usuarios del Subido de Salud (obra social provincial); una verdadera canallada. No hay ninguna centralización del sistema de salud, y en este cuadro crítico, los pacientes deambulan por distintos hospitales y sanatorios hasta conseguir una cama. Centralizar todas las camas y los recursos disponibles, tanto públicos como privados impediría que se especule con la salud de los tucumanos, algo que Manzur no tiene ninguna intención de ejecutar.

El personal de salud de la provincia está exhausto y entiende que el gobierno lo ha dejado a su propia suerte. El tiempo que llevamos de pandemia ha sido para ellos muy gravoso en términos de su salud física y mental, porque los salarios miserables y la falta de personal son la regla en el Sistema Provincial de Salud. Pasado ya más de un año de lucha contra el Covid-19, el personal de salud de los hospitales y Caps sigue siendo escaso, porque no hay presupuesto para sumar más médicos, enfermeros o auxiliares, ni que decir de un aumento salarial que cubra la canasta familiar. En esta misma línea se inscribe el problema de toda la saturación del sistema sanitario, la ausencia de más camas de UTI o recursos reales para enfrentar la pandemia.

A este escenario escandaloso se suma que en la última semana la ministra de Salud Pública de Tucumán, Rossana Chahla, en complicidad con el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán han cesanteado en sus funciones a decenas de estudiantes del último año de medicina que practicaban el rotatorio. Los mandaron a la casa por el solo hecho de exigir que los vacunen, una solicitud absolutamente justa si se tiene en cuenta que estaban cumpliendo funciones en los hospitales y Caps. Justo cuando es más necesario aumentar la cantidad de personal de salud, la ministra y el rectorado de la UNT lo disminuyen. Una resolución mezquina que no hace más que debilitar el sistema de salud público.

Internas de espaldas a las necesidades más urgentes

La pelea entre Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo tuvo un nuevo episodio con la interpelación del Ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. Un hecho que podría ser una muestra de un mayor debate democrático en la provincia fue simplemente una pantomima vinculada a la interna del PJ. Nada bueno salió de la interpelación de Lichtmajer que pudiera beneficiar a los docentes; no mejoró su salario, sus condiciones laborales o se aumentó el presupuesto de educación. Fue un episodio más de una interna que nada tiene que ver con las penurias de los docentes obligados a una presencialidad criminal que se sostuvo hasta que la situación no dio realmente para más.

La imagen de Manzur y de todo el gobierno provincial está en franca caída libre. Se suceden cotidianamente pequeñas (y algunas más grades) movilizaciones que demuestran el descontento creciente, algunas de ellas logrando ser capitalizadas por la derecha. La falta de vacunas y la falsa promesa de que arribarían segundas dosis son una gran fuente de descontento, esto sumado a la creciente inflación, aumento de tarifas y un crecimiento del delito común escalofriante. Tucumán se ha vuelto una provincia hostil para los trabajadores y la oposición de derecha lo sabe perfectamente, por eso los radicales y macristas están prestos a armar una alianza con el hijo del genocida y defensor de la dictadura Ricardo Bussi.

Es en este marco que el Frente de Izquierda-Unidad tiene que levantar un programa claro de defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Una acción histórica independiente de la clase obrera es la salida a la debacle de los que han gobernado en los últimos 40 años.