Con más de 200 casos positivos en las últimas 24 horas, que lleva el total en la provincia a más de 2.000, Tucumán atraviesa una suba considerable en la curva de contagio. Sumado a ello, las muertes ascendieron a 23, cambiando radicalmente la mortalidad que había hasta ahora.

El gobierno regresó a fase 3 restringiendo la atención en bares, restaurantes y gimnasios sin garantizar el salario ni el sustento para miles de trabajadores desocupados o no registrados por sus empleadores. Así también, insta a no concurrir a los centros de atención a las personas que tengan síntomas o que sean contactos estrechos de positivos.

Durante las últimas semanas, Manzur y el COE (Comité Operativo de Emergencia) insistieron en que no se retornaría de fase y que la situación sanitaria estaba controlada. Su discurso apuntaba a culpar de los casos existentes a las reuniones que se habían realizado en el día del amigo y negando que el problema fueron los lugares de trabajo. A partir de la aceleración de los contagios, quedó al desnudo una realidad totalmente diferente.

La falta de protocolos en los lugares de trabajo, que venimos denunciando desde Prensa Obrera, ha sido un factor clave en la propagación del virus: ingenios, reparticiones estatales, cadenas de electrodomésticos, hospitales, etcétera. El caso más extremo se dio en el supermercado Libertad, donde en el colmo del cinismo patronal, solo, cuando un trabajador contagiado en sus instalaciones falleció, cerraron sus puertas. En estos lugares, la mayoría no esenciales, no se cumplen los mínimos protocolos. En este marco, el resultado de estas nuevas disposiciones es de dudoso éxito.

Las declaraciones temerarias e irresponsables de la ministra Rossana Chahla, el día domingo, muestran a un gobierno impotente. El llamado a que los contactos estrechos de casos positivos no concurran a los nosocomios o centros móviles para realizar hisopados a menos que sean pacientes de riesgo, no tiene ningún asidero. En primer lugar, porque la determinación de si alguien es paciente de riesgo o no, debe ser a partir de estudios médicos, en segundo lugar, porque no prepara al sistema de salud para prever cuántos pacientes requerirán camas de terapias intensivas.

Un regreso de fase improvisado

La duplicación de casos cada 7 días, la positividad en los testeos que ya ronda el 33 % (las recomendaciones de la OMS es del 10 % para controlar la situación) y la ocupación creciente de las camas críticas obligaron al gobierno a dar marcha atrás. El espejo de Jujuy, donde el sistema sanitario ha colapsado, es una posibilidad concreta en una provincia que tiene mayores aglomerados urbanos en contacto estrecho.

A pesar de la situación crítica, el gobierno sigue negociando prerrogativas para las obras sociales y sanatorios privados. Lejos de una centralización del sistema de salud que concentre todos los recursos en función de las necesidades sanitarias de la población estos verdaderos mercenarios de la salud buscan una ventaja económica.

La crisis social, que como los contagiados, ha crecido exponencialmente durante estos meses, agravó la situación en los barrios y localidades periféricas del Gran San Miguel. Los despidos crecientes, la inflación y la falta de recomposición salarial han convertido la provincia en una caldera. Los dueños de bares y restaurantes han salido a manifestarse en caravana exigiendo que no se afecte la atención al público.

Un regreso a una cuarentena estricta solo puede tener resultados si va acompañados de medidas de emergencia como un subsidio de $ 30 000 para todos los desocupado, la garantía de licencias pagas al 100 % del personal de riesgo y protocolos obreros votados en asamblea para garantizar la salud de los trabajadores.

La lucha por el salario y las condiciones de trabajo.

Entre los trabajadores, al temor a los contagios se le suma la inquietud por el deterioro salarial. Casi la totalidad de los gremios, incluidos los estatales, han acompañado este ajuste sobre el salario. Eso a pesar de que sectores como el citrícola no han tenido restricciones. En el caso de la federación azucarera FOTIA, se acordó un miserable 38 % que no recompone el poder adquisitivo perdido.

Es fundamental el triunfo de todos los reclamos que van surgiendo de la base de diferentes lugares de trabajo sumado a la exigencia a las burocracias para que la respalden y convoquen a paros.