Según el último parte de prensa del gobierno de Tucumán, la provincia ya contabiliza más de 288 casos de personas con Covid-19, lo que significa que la última semana se han triplicado los casos detectados.

El gobierno de Juan Manzur, junto al COE, se empecinó en negar la existencia de circulación comunitaria del virus para evitar retroceder de fase de cuarentena y terminó pasando de culpar a los contagiados a reconocer que hay una situación crítica en la provincia. En un intento de eludir su responsabilidad, la ministra Rossana Chahla dijo que las reuniones sociales eran el foco de contagio, improvisó un recorte de horarios en bares y prohibió las salidas recreativas y la práctica de deportes de contacto en toda la provincia.

Lo cierto es que cada municipio toma sus propias medidas. En Concepción, en el sur de la provincia, se ha restringido la circulación desde las 18:00. En Tafí Viejo han cerrado bares y restaurantes por dos semanas. En las Talitas hay controles en las entradas donde se toma la temperatura. En Lastenia continúa el aislamiento de más de 250 familias, sin que se garantice la comida diaria en calidad y cantidad.

En la mayoría de los lugares de trabajo no se ha cumplido ninguna medida sanitaria de prevención. Las dos principales ramas de la economía provincial, que son la producción azucarera y la cosecha de limón, continuaron como si no existiese el peligro de contagio.

Es justamente en los lugares de trabajo donde se han registrado los contagios de la última semana: heladerías, panaderías y una planta alimenticia en el este tucumano, o sea, en lugares donde por la aglomeración deberían funcionar estrictos protocolos. De hecho, solo ante el reclamo obrero se realizaron los hisopados correspondientes allí donde había contagios ya detectados.

Sitas, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la salud, denunció que la circulación comunitaria existe y pidió volver a una cuarentena estricta para preservar la vida de los población. Esta declaración deja en ridículo los dichos de la ministra de Salud, que se pasea por los medios declamando que la situación está bajo control.

La gestión del gobierno de Manzur de la cuarentena choca de frente con la necesidad de preservar la vida y la salud de los y las trabajadoras. El gobierno nacional y provincial han cedido en toda línea a las demandas patronales, que pretenden seguir produciendo sin interrupciones, demoras o protocolos de salud.

En este contexto, desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de reponer de forma urgente un aislamiento social, la vigencia de protocolos obreros en cada lugar de trabajo y la realización de testeos, un subsidio de $30.000 para todo mayor de 18 de años desocupado y el pago íntegro de los salarios.

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