El decretazo de Javier Milei le otorga grandes beneficios a las empresas de medicina prepaga y supone un mayor vaciamiento y privatización de las obras sociales, en detrimento del acceso a la salud de la población trabajadora. A su vez, desfinancia la producción estatal de medicamentos y vacunas a bajo costo, perjudicando particularmente a quienes su atención sanitaria depende de las salitas y los hospitales públicos.

Por un lado, la normativa suprime la potestad que tenía la Superintendencia de Servicios de Salud para regular las cuotas de los planes prestacionales de las prepagas. Eso significa que se liberan los precios de las mismas, las cuales ya dejaron trascender aplicarán un aumento inminente de alrededor del 50%. Una resolución que apunta a enriquecer aún más a los empresarios como Claudio Belocopitt (dueño de Swiss Medical Group), quien particularmente ya ostenta un patrimonio declarado de U$S 440 millones.

A su vez, el DNU establece que las prepagas se incorporan al régimen de las obras sociales. Esto quiere decir que los trabajadores podrán optar entre realizar sus aportes a la obra social sindical o destinarlos directamente a la empresa prepaga que elijan. Lo anterior agravará el desfinanciamiento de las obras sociales y el copamiento de la salud privada.

Por otra parte, el decreto suprime la ley 27.199 de “Promoción de la Actividad de los Laboratorios de Producción Pública”, encargados de abastecer al sistema público de salud de medicamentos y vacunas a bajo costo. La medida atenta contra el derecho a la salud de los sectores de menores ingresos, en beneficio de los laboratorios privados, cuyo ánimo de lucro llevó a que se disparara un 300% el precio de los fármacos en lo que va del año, según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar).

Milei decide recortar fondos destinados a subvencionar la producción pública de medicamentos luego de aplicar una megadevaluación que triplicó los costos de los insumos y reactivos necesarios para fabricarlos, tal como señala la Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra). Como vemos, ataca con su motosierra derechos básicos de la población.

Finalmente, urge ganar las calles para tirar abajo este decreto reaccionario y seguir luchando por más presupuesto para la salud pública, en la perspectiva de nacionalizar todo el sistema sanitario y la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores, en función de que la salud de la gente deje de ser un negocio.

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