La Auditoría General de la Nación iniciará una investigación en la cual le solicitará información al gobierno nacional sobre la compra de vacunas. La iniciativa surge a raíz del retraso que viene habiendo en el arribo de las dosis al país. El objetivo es que el presidente despeje dudas sobre los precios acordados, cuánto se pagó hasta el momento, las cantidades y plazos pautados, el cronograma hacia adelante y el motivo del retraso. Sin embargo, el organismo aclaró de antemano que no vulnerarán la confidencialidad de los contratos y mucho menos el secreto de las patentes.

Finalmente, los convenios firmados con los laboratorios a espaldas de la población son la base de los incumplimientos sistemáticos en la entrega de vacunas a los que hemos asistido, frente a los cuales ningún responsable rindió cuentas ni recibió sanción alguna. Si una auditoría no interviene en este punto nodal, revisando los contratos, es imposible detectar en qué consistieron las irregularidades y tomar medidas al respecto. A fin de cuentas, las exigencias leoninas para cerrar un contrato de provisión de vacunas no son una particularidad de Pfizer, sino que atraviesan al conjunto de los acuerdos que realizó el gobierno con los todos los laboratorios para la compra de dosis.

La finalidad de la investigación es que Alberto Fernández simplemente responda preguntas, donde la veracidad de las respuestas que pueda brindar es sumamente cuestionable. Probablemente no diga nada novedoso y vuelva a adjudicar el atraso en la llegada de vacunas a un “cuello de botella” y a un problema que “existe a nivel mundial”. En primer lugar, la falta de vacunas a nivel mundial podría revertirse liberando las patentes y habilitando que más laboratorios puedan producirlas, no obstante Alberto Fernández se manifestó en contra de este planteo. Además, particularmente en Argentina se produjeron 55 millones de dosis de AstraZeneca que el gobierno podría haber confiscado en pos de avanzar en una producción nacional, sin embargo, se enviaron a México para ser envasadas allí y recién ahora están regresando. La política del gobierno se adapta a los intereses de los pulpos farmacéuticos, en detrimento de la salud de la población.

Es fundamental avanzar en la apertura de los contratos a fin de que el pueblo tenga claridad sobre las negociaciones realizadas con los proveedores de vacunas, penalizar a los monopolios por haber aletargado el abastecimiento, determinar si hubo sobreprecios, conocer fehacientemente cuántas dosis llegarán y cuándo y que de ahora en adelante exista un monitoreo popular de la política de vacunación y los acuerdos que se establezcan. Es una medida elemental para dejar de ser rehenes de los grupos capitalistas que nos venden las vacunas.

Las irregularidades saltan a la vista, a modo de ejemplo, de las 30 millones de Sinopharm y 22 millones de AstraZeneca (fabricadas en Argentina y envasadas en México) anunciadas solo recibimos 4 millones y 830.600 respectivamente. Por otra parte, el cronograma prometido para el verano naufragó por completo. A todo esto, el gobierno ya le pagó sumas millonarias a los laboratorios, por mencionar algunos casos, se abonaron 60 millones de dólares a Sinopharm y 56 millones a AstraZeneca. Es decir, se desembolsa dinero proveniente de fondos públicos sin ninguna garantía de cumplimiento por parte de las empresas.

Todavía se desconoce el motivo por el cual se demoró tantos meses el envasado de la vacuna de AstraZeneca en el laboratorio Liomont, en México, y por qué razón no se distribuyeron las dosis producidas en el laboratorio mAbxience (de Hugo Sigman en Garín) entre un número mayor de envasadoras para no dilatar el proceso y garantizar lo antes posible la distribución de las vacunas. Incluso, qué fue lo que impidió que Alberto Fernández diera lugar a un envasado local del principio activo producido en Garín frente al enorme retraso, existiendo los recursos en el país para realizar esa tarea. Como se ve, el gobierno priorizó preservar un acuerdo comercial entre determinadas empresas antes que garantizar vacunas para todos.

O bien, cómo se explica que otro laboratorio del grupo Sigman tenga la licencia de la fabricar en Argentina la Sinopharm luego de lo sucedido con las dosis de AstraZeneca. Tampoco nadie dio explicaciones sobre la brecha que existirá entre el costo de producción de la Sputnik V en el laboratorio argentino Richmond y su precio de venta -la diferencia es de un dólar por dosis contra 15 dólares. Todas decisiones a espaldas de la población, donde la información es vidriosa y lo que impera es el lucro capitalista.

Probablemente no figure dentro de la investigación determinar las causas de por qué la vacuna nacional que se está desarrollando en la Unsam necesitó de fondos privados para poder financiarse puesto que el presupuesto estatal que se destinó fue insuficiente. A su vez, la directora de la investigación aclaró que su fabricación masiva será por medio de empresas. Sucede que, por un lado, el gobierno dirige la plata del país hacia el pago de la deuda usuraria y no para las investigaciones científicas, y, por otro, no está en su horizonte intervenir los laboratorios privados radicados en Argentina que sean necesarios a fin de impulsar una producción nacional de vacunas a gran escala, por el contrario, permite que las empresas se beneficien con la venta de una vacuna desarrollada en una universidad nacional. De nuevo, los recursos están pero se prioriza al capital financiero y que los laboratorios privados hagan jugosos negociados.

Lo más probable es que la conclusión de la auditoría sea una verdad de perogrullo: la oferta de vacunas escasea en el mundo. Ahora bien, se seguirá defendiendo la apropiación de las patentes por parte de un puñado de laboratorios, la causa misma de la escasez. Por lo tanto, será una investigación inocua donde los empresarios y funcionarios responsables de la deficiente campaña de vacunación saldrán indemnes.

Así las cosas, es necesaria la apertura de los contratos con las farmacéuticas, la liberación de patentes y transferencia de tecnología, la intervención del laboratorio mAbxiencie incautando su producción y la disposición de todos los recursos públicos y privados necesarios para dar lugar una fabricación estatal de vacunas. Todo este proceso debe estar supervisado por un comité médico-científico. La ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital son elementos fundamentales para financiar este plan.

 

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