Salud
5/10/2026
Una radiografía de la salud marplatense en terapia intensiva
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Desde hace décadas, la salud pública de Mar de Plata, provincial y nacional sufre un profundo desfinanciamiento, una realidad que quedó plasmada con dolorosa claridad durante la pandemia de Covid-19.
Al igual que en otras áreas del Estado, el gobierno de Javier Milei y sus aliadxs de variados arcos políticos han profundizado el vaciamiento de los hospitales públicos. Esta política ha precarizado aún más a sus trabajadores, históricamente mal remunerados y poco reconocidos.
Por otro lado, los sectores privados que lucran con la salud se ven favorecidos con el ajuste en el sector público al ser, cada vez más, la única opción para la mayoría de las prácticas médicas, lo que acrecienta, en forma desmedida, su negocio.
Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga trasladan el costo del ajuste directamente a sus afiliadxs, que son en su mayoría trabajadores, recortando prestaciones y cobrando todo tipo de bonos y copagos adicionales, librando a su suerte la salud de los beneficiarios.
La situación del Pami en Mar del Plata es de un derrumbe absoluto. La obra social de los jubiladxs atraviesa una crisis gravísima debido a la renuncia masiva de médicos de cabecera -motivada por las bajas remuneraciones- y a la escasez de prestadores clínicos, lo que genera un escenario muy álgido para los pacientes que requieren internación y recarga el desgastado sistema público “que no cuenta con más camas de atención y tiene pacientes en espera de ser internados”, revelaron los medios locales.
El escándalo que derivó en denuncia judicial y en el cierre de la Clínica Mar del Plata (ex Español) costó la vida de varixs jubiladxs, una muestra de la perversidad y criminalidad del sistema. La CTA-A denunció recientemente que el Hospital Houssay, nosocomio de Pami, que alguna vez se reinauguró con bombos y platillos, mantiene cerrados dos pisos con un total de 25 camas y 3 quirófanos, por no contar con personal, lo que evidencia escandalosamente el extremo del vaciamiento.
Esto se agrega al recorte sin precedentes sobre la cobertura de los medicamentos, lo que golpea letalmente a lxs jubiladxs que cobran jubilaciones de indigencia y no llegan ni a mitad de mes.
Lo mismo ocurre en la ciudad con la obra social de lxs trabajadorxs estatales de la provincia de Buenos Aires (Ioma), de la que la CTA-A, la CTA-T, ni ningún sindicato estatal de la provincia (ATE, Suteba, AJB, Cicop, etc.) emiten pronunciamientos ni denuncias serias, manteniendo un silencio cómplice. Mucho menos toman medidas de lucha para dar respuesta a las urgencias de salud que atraviesan lxs afiliadxs.
Los anunciados policonsultorios no han resuelto los problemas de atención ambulatoria y las dos únicas clínicas que cubren la internación, Sanatorio Belgrano y Clínica del Niño y la Madre, el resto dieron de baja la prestación, resultan totalmente insuficientes para los más de 100.000 afiliadxs de General Pueyrredón.
Al igual que Pami, el recorte de Ioma en la cobertura de medicamentos y de estudios complementarios es brutal y recae duramente sobre lxs estatales bonaerenses que ostentan salarios de pobreza, desmintiendo de plano el relato progre del gobernador Axel Kicillof. Tal es así que han crecido las denuncias judiciales de afiliadxs y familiares por la falta de cobertura y demora en tratamientos crónicos y oncológicos, con consecuencias fatales.
La obra social provincial descarga una feroz ofensiva contra lxs prestadores de salud, como lxs Acompañantes Terapéuticos, a quienes el organismo no solo congela los honorarios en cifras de miseria absoluta, sino que implementa una política sistemática de atrasos en los pagos que supera los tres meses. Lo que acontece es un verdadero candado a las prestaciones, forzando a la suspensión de los tratamientos y dejando a la deriva a miles de niñxs, jóvenes y personas con discapacidad de las familias trabajadoras.
El HIGA “Oscar Alende” y el HIEMI “Victorio Tetamanti”, los dos hospitales provinciales clave de la región, han venido sufriendo recortes por los distintos gobiernos de turno, que hoy se profundizan. El desmantelamiento es visible en la falta de personal, la precariedad laboral de sus trabajadores, la escasez de insumos y el deterioro en su infraestructura.
Los históricos nosocomios no pueden dar respuestas a las demandas sanitarias de la población en un marco de descomposición social y crisis económica en el cual crecen las enfermedades infectocontagiosas de la pobreza, TBC, Sífilis, HIV y todas las ITS, etc.
El intendente de Mar del Plata, ya sea Montenegro o su reemplazo Neme, aplica la misma motosierra que Nación y provincia en el Cema y los CAPS, siendo los principales afectados los barrios más vulnerabilizados de la periferia, donde la situación sanitaria se agrava por la falta de servicios públicos. Ni hablar de garantizar la cobertura de anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, la IVE y los tratamientos hormonales para la transición de las identidades trans.
La demanda recae en los hospitales públicos que sin recursos y con escasos trabajadores no pueden dar respuesta a este caos sanitario, generando una bola de nieve en la que la población no puede atenderse, ya sea por el vaciamiento en lo público o la carestía en lo privado.
A la luz de todo esto, queda claro que los gobiernos nacional, provincial y municipal han dejado en el abandono la salud de una población precarizada, sin trabajo y hundida en la pobreza. En este panorama, crecen sin respuesta los complejísimos padecimientos de salud mental, entre ellos el preocupante aumento de suicidios y el policonsumo problemático y dependiente de sustancias psicoactivas, que afecta sobre todo a nuestra juventud, condicionando aún más su futuro.
Lxs residentes de la salud pública de más de 30 hospitales de CABA realizaron un paro y una multitudinaria marcha el 1° de octubre, exigiendo recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo. Además, anunciaron otra jornada de paro y movilización para el 7 de octubre, dando continuidad a su plan de lucha. Por su parte, los residentes de la provincia de Buenos Aires se sumaron al reclamo convocando a un paro para el 8 de octubre, con movilización hacia La Plata. Sin duda, nos están marcando el camino para pelear por la salud pública.
Ante esta realidad se impone la deliberación urgente del conjunto de la población trabajadora, superando a la burocracia sindical, que no solo entrega el salario, sino nuestra salud, a fin de organizar un plan de lucha unificado de trabajadores y usuarios para derrotar el ajuste de Milei, Kicillof y Montenegro/Neme y defender el derecho a la salud de lxs trabajadores y lxs jubiladxs. ¡Fuera Milei y lxs gobernadores e intendentes cómplices! ¡Vamos a la huelga general!
