Como anunciara recientemente en conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández la producción en el país de una de las variantes de vacuna que se encuentran más avanzadas dependerá del acuerdo arribado entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca –de capitales británicos y suecos- con el laboratorio privado argentino mAbxience, del empresario Hugo Sigman, y la participación de la Fundación Slim y el laboratorio Liomont, ambos mexicanos. La tan mentada colaboración público-privada es solo a los fines de que el gobierno argentino se comprometa a la compra de millones de dosis, tercerizando el proceso y sin tener participación alguna en la producción, control o desarrollo tecnológico del proceso.

Fernández fue insistente en elogiar al grupo privado internacional AstraZeneca y particularmente a la empresa mAbxience, dependiente del grupo Insud, que alberga a más de una decena de empresas y emprendimientos de diversos rubros, todos propiedad del empresario Sigman.

Mientras que desde Oxford y AstraZeneca se encargan del proceso de investigación y desarrollo de la vacuna, con el auspicio económico de distintas potencias y acuerdos de producción y comercialización con varios países – Reino Unido, EEUU, Brasil, Japón, entre otros-, mAbxience sería responsable de la producción del principio activo de la vacuna, para lo cual recibiría transferencia tecnológica de la multinacional AstraZeneca para adaptar su proceso productivo. Una vez producida la materia prima de la vacuna, el resto quedará en manos del laboratorio Liomont, según lo acordado con la Fundación Slim, del magnate Carlos Slim, encargados de la estabilización, fabricación y envasado de la vacuna.

La primera gran controversia es que Fernández no escatimó elogios para la empresa argentina pero hasta la fecha no se ha molestado en explicar por qué la producción del principio activo ha quedado en manos de un grupo privado: uno que particularmente tiene lazos estrechos e historia con el kirchnerismo. Sigman tiene un historial de beneficios y contratos millonarios con el Estado, desde que el gobierno de Néstor Kirchner le garantizara al consorcio Sinergium –del cual Sigman participó como accionista de dos de sus tres empresas- la compra de vacunas antigripales por 10 años; o la propia financiación de los laboratorios de mAbxience  subsidiado con crédito del Bicentenario.

Ahora Sigman es nuevamente beneficiado con un contrato que no solo le aporta innovaciones tecnológicas en un campo altamente lucrativo y que debería ser de interés social, como lo es la producción de medicamentos y vacunas, sino que también se llevará una parte de las ganancias que arrojarán  las 250 millones de dosis que se proyectan para Latinoamérica –excluido Brasil.

El grupo Insud ha tejido sus relaciones con los sucesivos gobiernos para gozar de una posición ventajosa. Es lo que ocurre con su directora Graciela Ciccia, quien también es directora del Conicet en representación de la industria. Área desde la cual ha hecho de la “colaboración público-privada” la esencia del negocio de sus mandantes.

Nacionalistas y derechistas

Pero el contrapunto es que el vecino gobierno fascistizante de Jair Bolsonaro emprendió el camino contrario que el “nacional y popular” Fernández. Bolsonaro arribó a un acuerdo con AstraZeneca/Oxford para la producción de la vacuna a través del Estado, por medio de dos laboratorios públicos: la fundación Oswaldo Cruz y Bio-Manguinhos. Los beneficiarios de la innovación tecnológica serán ambos laboratorios, que además recibirán tecnología de cinco empresas privadas, para poder producir a gran escala.

Fernández se ubica en este terreno por detrás de su colega brasilero, siendo que el Instituto Malbrán podría servir a los efectos de este emprendimiento si el Estado dedicara los recursos y obligara a las empresas privadas a aportar la tecnología necesaria. Ahora la producción de la vacuna ha quedado en manos de unos especuladores privados.

Cuentas claras conservan la amistad

Para peor, como la investigación y producción de la vacuna se viene realizando en tiempos acelerados, hasta la fecha no existen certezas de que la vacuna desarrollada por AstraZeneca/Oxford (ADN) sea eficaz o que no genere efectos secundarios. La competencia capitalista por desarrollar una vacuna para así establecer convenios con los países y comercializarla lo más pronto posible ha violentado todo procedimiento que resguarde la salud de los destinatarios de la misma, llegando al caso de que porciones significativas de la población mundial serán objeto de pruebas y ensayos de las mismas.

A sabiendas de esto, desde AstraZeneca y otros fabricantes de vacunas han establecido en sus convenios que serán los Estados quienes se hagan cargo de eventuales indemnizaciones por daños o efectos secundarios de las vacunas. “El laboratorio no puede tomar el riesgo de que, de aquí a cuatro años, la vacuna pueda mostrar efectos secundarios”, declaró Ruud Dobber, vicepresidente Ejecutivo de AstraZeneca. Cuando de riesgos se trata, las empresas entienden que los Estados deben asumir los mismos debido a que configura un caso de “interés nacional”.

Otro dato a destacar es que si bien Fernández señaló que la asociación entre AstraZeneca/Oxford, Slim y mAbxience es un “proyecto sin fines de lucro”, se trata de una deformación total de la realidad. Cada uno de estos será beneficiario de una parte del negocio, cuyo precio final se habla de hasta 4 dólares (la dosis)–aún habrá que esperar para ver- y que en Latinoamérica implicarían unas 250 millones de vacunas -2.000 millones según las proyecciones de AstraZeneca para todo el mundo. Tampoco ha quedado definido si se habla de una sola dosis (91% de pacientes inmunes) o dos (100%), lo cual duplicaría las ganancias.

Por caso, las empresas Sanofi, GSK, Pfizer, BioNTech, Novavax, Moderna y AstraZeneca han recibido financiación de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares -solo del gobierno norteamericano (operación Warp Speed)- para asegurar una cuota importante de vacunas. Lo mismo han hecho otros países en el mismo sentido. Las acciones de todas estas empresas también se han disparado por las nubes, lo que no quita que la mayoría de estrelle contra el suelo una vez consagradas las empresas que lideren el mercado y la vacuna.

La producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19 ha servido para montar todo tipo de negocios a gran escala, sobre la expectativa de miles de millones de personas en concentrar una cura que nos permita salir de la pandemia. El caso de Fernández no escapa a esta lógica ya que ha demostrado ser otra capitulación nacional en un terreno en el cual el gobierno ha intentado montar toda una demagogia respecto al cuidado y desarrollo de la salud pública. No podemos dejar nuestra salud y futuro en manos de estos especuladores.