AstraZeneca respondió al pedido de informe del gobierno nacional acerca de los retrasos en la producción y el cronograma de entregas. La empresa, dirigida en argentina por Agustín Lamas, confirmó un “retraso en la intención de iniciar envíos antes a América Latina”.

Argentina tiene un contrato firmado por 22,5 millones de dosis, las cuales se esperaban para el primer trimestre de 2021. AstraZeneca afirmó que llegarían este año, empezando las entregas en mayo, pero que se completarán recién en el segundo trimestre. El pedido del gobierno parte de un elemento fundamental: se están agotando las dosis; provincias como San Luis y La Pampa ya no tienen más, y CABA, La Rioja, Córdoba, Neuquén y Río Negro agotaron más del 90% de las distribuidas. En medio de la segunda ola, la campaña de vacunación que el gobierno levanta por ser “la más grande de nuestra historia” se queda corta.

El pedido

Argentina tiene contratos con distintos laboratorios por 65 millones de dosis, que desde el vamos es insuficiente ya que se necesitan dos inoculaciones, es decir que para vacunar a toda la población se necesitan 90 millones de dosis. Más allá de eso, de las 65.000.000 han llegado solo 9.558.745 (casi el 15%). Hoy el gobierno justifica los retrasos con la excusa de la escasez a nivel mundial para no tomar medidas sobre los contratos, aunque no hubo excusa ni retrasos para pagarles montos millonarios a los laboratorios. En este sentido, solo a AstraZeneca se le abonó el 60% de lo establecido, lo mismo que 54 millones de dólares, aunque no hemos visto ni una sola de las dosis pertenecientes a ese acuerdo (las 590.000 de AstraZeneca que llegaron en su momento pertenecen a otro). No hay datos oficiales acerca de cuánto se pagó al resto de las compañías.

La respuesta de las organizaciones sociales y distintos referentes no se hizo esperar, y se aceleraron los reclamos cuando salió a la luz que dichas dosis no entregadas se producen en el laboratorio mABxience de Hugo Sigman, empresario aliado del gobierno, en la provincia de Buenos Aires, y que luego de los retrasos en el envasado (que se realiza en México) se encontraban allí vacunas suficientes para cumplir el contrato con Argentina y más. El pedido, elevado por Carla Vizzotti, responde directamente a estas presiones y a la imposibilidad de hacer la vista gorda ante la reciente noticia de que también aquí se produce la vacuna de Sputnik V a cargo del laboratorio Richmond, lo que indica que Argentina tiene la capacidad productiva suficiente para encarar un proceso de producción masiva.

La respuesta

El comunicado de AstraZeneca deja entrever dos cosas. En primer lugar, al igual que el resto de los laboratorios involucrados en la producción, no se hacen responsables de los retrasos, sino que hablan de un “rendimiento inferior a lo anticipado”. Tampoco colocaron a disposición un cronograma de entregas, por lo que la situación sigue exactamente igual que antes; es decir, a la espera de que cumplan con el compromiso, mientras el gobierno nacional pone en riesgo al conjunto de la población.

En segundo lugar ponen sobre la mesa que están entregando la vacuna “sin ninguna utilidad financiera” para ellos durante la pandemia. Y con esto nos preguntamos ¿por qué, si no hay ningún beneficio económico que la empresa fuera a tener, no liberan las patentes para amplificar la producción y se termine la escasez? ¿Será porque están jugando a retener las dosis, esperando a que deje de regir el término “pandemia”, para así aumentar el precio? ¿O porque en realidad el contrato secreto con Argentina y el resto de los países tiene cláusulas que implican pagos por fuera de lo que refiere estrictamente a las dosis?

Cualquiera sea el caso, las declaraciones muestran una impostura por parte de la empresa, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos notificó que tiene hasta 60 millones de dosis de sobra (contradiciendo las versiones de escasez).

¿Y Pfizer?

El apuro del gobierno por mostrar que efectivamente la campaña de vacunación es la “más grande de la historia”, al menos para la tribuna, implicó retomar el diálogo perdido en diciembre. Aunque fue de los primeros laboratorios con los que se negoció, el contrato no se llevó adelante porque, por un lado, Pfizer pedía condiciones leoninas, entre las que se incluían la entrega de activos soberanos y blindaje jurídico ante efectos adversos. Por el otro, el gobierno decidió priorizar los acuerdos con las empresas allegadas, como sucedió en el caso de AstraZeneca y el Grupo Insud (Sigman).

Frente a la voluntad entreguista que hemos visto desenvolver al gobierno, todo indica que las condiciones pedidas por Pfizer serán aún más extremistas.

Liberación de las patentes

Es evidente que los laboratorios juegan para si mismos. Y el gobierno, detrás de su fachada progre, esconde su profunda orientación de clase e intereses que defiende. Es por eso que Alberto Fernández se pronunció en contra de lo que permitiría la producción a escala masiva en el país de la vacuna y su posible acceso a los trabajadores: la liberación de las patentes.

Países en una situación sanitaria aguda como la de Argentina han decidido cesar la exportación de las vacunas y la incautación de la producción para proveerse de vacunas ante los catastróficos pronósticos. Es el caso de Italia y, más recientemente, India y China

Pero el gobierno no ha hecho nada por que los laboratorios cumplan con los acuerdos hechos. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda hemos propuesto que se confisque la producción del laboratorio de Sigman y se intervenga mABxience para poner utilizar los recursos para masificar el proceso, y así garantizar vacunas a la clase obrera argentina y latinoamericana. Viene de la mano del plantel de la centralización del sistema de salud y de todos los institutos, laboratorios y centros de investigación tanto públicos como privados.

Este y la defensa de la salud de la población es uno de los planteos principales que se llevará este 1ero de mayo al acto del Frente de Izquierda por el Día Internacional de los Trabajadores.