Luego de estar tres semanas internado por una neumonía bilateral, el domingo por la noche murió el “paciente cero” por la variante Delta de coronavirus. Hoy lunes, a horas del mediodía, se notificó la muerte de una mujer de 38 años que había sido contacto estrecho del caso índice y estaba siendo tratada en la provincia de Córdoba. Ninguno de ellos estaba vacunado.

Según especialistas, el resultado es una pequeña muestra de lo que le espera al país si no se toman acciones urgentes. Esto es un problema por dos aristas: no es solamente que el gobierno no toma medidas concretas para detener su avance, sino que no se sabe dónde estamos parados con respecto a la variante debido a la falta de informes del Ministerio de Salud, por lo que el camino se hace a ciegas.

Pocas horas después de la noticia, la ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que la variante está “cerquita” de ser comunitaria aunque todavía “no es la predominante”. Una vez más evitó dar datos epidemiológicos concretos que permitan armar un panorama más claro de lo que se viene. El último informe de situación es del 9 de agosto, hace dos semanas, cuando los casos registrados en el país eran 130, 125 a través de la llegada de pasajeros contagiados o relacionados a ella. El viernes pasado el Ministerio de Salud informó 174 casos aislados, pero es altamente probable que sean muchos más por el retraso en la carga en las provincias del país y los asintomáticos.

A la falta de datos, se suma que no “alcanza” simplemente con informar cuantos contagios hay, sino que se necesita un análisis de su evolución a cargo de especialistas en epidemiología para determinar el camino a seguir y qué políticas públicas mejorar. De esta manera, el gobierno no logró contener el ingreso de la variante delta y tampoco modificó su estrategía sanitaria a medida que ésta ganó terreno. O la cambio, pero en favor de más aperturas y flexibilizaciones de protocolos. Lo que corresponde es aumentar los testeos, ir a una búsqueda activa de casos y aumentar las estrategias de detección de cepas.

La variante en cuestión tiene una mayor transmisibilidad, ya que cada infectado contagia a entre seis y ocho personas en comparación a las tres de la variante original. Además, las vacunas presentan una menor eficacia, algo que está poniendo en riesgo los sistemas de salud de los países con altos niveles de población inmunizada. En Israel, país que se declaró libre de casos el pasado julio luego de vacunar al 60% de su población con dos dosis, se dispararon los contagios, duplicándose en tan solo dos semanas y superando los 7.000 diarios el día de ayer. El dato más estremecedor, sin embargo, es el de las muertes: en un día se triplicaron. Estados Unidos, también avanzado con la vacunación, muestra preocupación particularmente por los casos en niños, sobre los cuales el virus parece tener cierta preferencia y está generando un importante aumento de las hospitalizaciones.

El panorama internacional muestra que incluso aquellos países que estuvieron a la cabeza de la vacunación hoy se ven en aprietos por una variante que puede poner en jaque las aperturas, sus sistemas de salud y la vida de millones de personas, sobre todo aquellas que cuentan con una dosis o directamente no se les aplicó ninguna. Es por eso que, por estos días, los mismos países que dominaron la primera parte de la vacunación a nivel mundial y acapararon las vacunas improvisan una tercera dosis de refuerzo, mientras siguen manteniendo una férrea defensa de las patentes y los monopolios de los laboratorios.

En Argentina, donde la vacunación tuvo un inicio insidioso, solo el 25% de la población cuenta con ambas dosis y el 40% no recibió ninguna dosis. El Ministerio de Salud, que declaró a agosto el “mes de las segundas dosis”, aún no pudo cumplir su objetivo de aplicar 7 millones de refuerzos. Según Vizzotti, en una semana aplicarían las 2,5 que faltan, pero para esto deberían administrar por lo menos 350 mil segundas dosis por día, algo que no se condice con el ritmo actual que contempla ese mismo número entre primeras y segundas inyecciones. En el mientras, hay un stock de 8 millones de vacunas esperando ser administradas.

Todas estas trabas tienen su raíz en el ajuste en salud del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que perduró durante toda la pandemia. En realidad, se deberían destinar una enorme cantidad de recursos para acelerar la vacunación, aumentar el números de vacunatorios y de personal, no solo para completar esquemas sino también para iniciar el de los menores de edad, que se exponen constantemente en las escuelas.

La misma orientación ajustadora fue la responsable del colapso sanitario en la primera y segunda ola. Una tercera nos encontraría con un sistema de salud sumamente golpeado luego de un año y medio sin reforzamiento y bajo un presupuesto un 12% menor en términos reales. Esto no solamente afectó la atención, haciendo que un sector de la población quede por fuera del acceso a la salud, sino que el ahogo presupuestario sigue repercutiendo sobre los trabajadores de la salud, quienes transitaron gran parte del año pasado con una paritaria del 0% y, cuando finalmente las abrieron, les dieron un aumento del 45% en el mejor de los casos.

La irresponsabilidad del gobierno llegó al punto de que Axel Kicillof, uno de sus principales voceros y gobernador de la provincia de Buenos Aires, salió a decir que “lo peor de la pandemia ya pasó”, una orientación que busca justificar el ajuste, cuando la incertidumbre con respecto al futuro de la pandemia es absoluta.

Sin embargo, si de algo no hay dudas es que el reforzamiento y la centralización del sistema sanitarios son necesarios si se quiere evitar nuevos récords de números trágicos, como los 40 mil casos diarios o los 100 mil muertos. Para eso, la lucha debe dirigirse hacia un aumento en el presupuesto de salud, garantía de más testeos y que se realicen pruebas que permitan detectar la variante, además de analizar y estudiar su evolución en el país. Salario básico de 100 mil para los trabajadores de la salud y mejores condiciones salariales, contratación de personal y licencias para quienes tienen factores de riesgo. Protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo bajo control obrero. Vacunación masiva, producción local de dosis, fin del régimen de patentes y los monopolios farmacéuticos.

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