Luego del cierre del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, tras la ola de contagios de Covid-19 escandalosamente manejada por el dueño Benjamín Teitelbaum, las autoridades municipales decidieron clausurar preventivamente la otra clínica del mismo empresario, el Sanatorio Mariano Pelliza de Munro. Sin embargo, la Municipalidad de Vicente López y el Ministerio de Salud bonaerense no dan una salida para que 500 trabajadores no queden en la calle y con salarios adeudados.

En el acta labrada por la Secretaría de Seguridad y Control de la Municipalidad se establece que “se puede verificar que (el sanatorio) no da cumplimiento a las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene, observándose deficiencia en las instalaciones eléctricas, en gestión de residuos patogénicos y residuos líquidos, falta de control de plagas, incumplimiento a las buenas prácticas en sector depósito de alimentos, condiciones edilicias deficientes, falseamiento de declaración jurada de las instalaciones del sistema de protección contra incendios, sin contar con un protocolo ante Covid-19 del establecimiento en cuestión”. En su momento, algunas de estas cuestiones fueron denunciadas en Prensa Obrera.

La clausura se da luego de que Pami, una de las prestadoras más importantes de la clínica, decidiera rescindir el contrato después de efectuar una inspección en el edificio.

Benjamín Teitelbaum se encuentra detenido acusado de “propagación dolosa de una enfermedad infecciosa” por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La justicia intervino luego de una denuncia del familiar de una paciente internada y dispuso que el Ministerio de Salud de la provincia nombre un “interventor médico” en ambas clínicas. El organismo a cargo de Daniel Gollán rechazó esa disposición y propuso una inspección sanitaria cada 15 días. De esta manera quedan en la calle 500 trabajadores de salud, cuando urge reforzar el sistema sanitario en medio de la pandemia.

El conflicto en estas clínicas data de años atrás, pero se intensificó a medida que se desarrollaba la crisis sanitaria por el coronavirus. En abril la patronal obligó a cumplir con la jornada laboral a cinco trabajadores infectados con Covid-19, expandiendo a contagios dentro y fuera de los sanatorios.

Esto no hizo reaccionar al sindicato de Sanidad. Héctor Daer, el secretario general de Atsa y de la CGT, quien pactó con la UIA una rebaja salarial del 30%, lejos de “representar” a los trabajadores es un fiel defensor de las patronales y los empresarios de la salud.

Ahora, con un conflicto que puede culminar con 503 familias en la calle, a lo único que se limitó la conducción del sindicato fue a presentar una carta en el Ministerio de Trabajo, sin la más mínima exigencia. En oposición a esta entrega, es necesario que se convoque a un paro general de los trabajadores del sector por todos los reclamos y en defensa de la salud y los puestos de trabajo.

A medida que se profundiza la crisis sanitaria toma más relevancia la necesidad de centralizar el sistema de salud en su conjunto, poniendo los centros públicos, privados y las obras sociales a funcionar en un sistema único bajo control de sus trabajadores.

Quienes ponen en juego su salud para cuidar la del resto no pueden ser quienes paguen los platos rotos por el manejo criminal de las patronales. Reclamamos la estatización inmediata del Centro de Salud Norte y la Clínica Pelliza bajo control de sus trabajadores.