Vizzotti admitió que el país cuenta con la tecnología e instalaciones adecuadas para producir las dosis de manera integral. Solo dos semanas atrás, la ministra había declarado en el programa de televisión Brotes Verdes acerca de las dificultades que significaba el envasado de la vacuna de AstraZeneca en Argentina por no contar con la técnica necesaria, respaldando las declaraciones de Sigman, aunque rápidamente se puso sobre la mesa que la verdadera traba eran las patentes.

La representante de la cartera de Salud Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron con el embajador de Reino Unido, Mark Kent, para expresar su voluntad y pedido de comenzar a fabricar la totalidad de las vacunas de AstraZeneca en el país. Se lo solicitó a quien hoy representa en Argentina la usurpación de las Malvinas, y de hecho encabezó y defendió las pruebas militares que se realizaron en las islas en 2016. Un verdadero acto de cipayismo y arrodillamiento ante el imperialismo. Por supuesto la respuesta del embajador no fue concreta y pateó las conversaciones para más adelante.

Pero, además, lo de Vizzotti muestra las limitaciones que tiene el gobierno para obtener vacunas. Le pide al embajador inglés que medie en un conflicto entre privados y no avanza en la intervención de la producción local o la declaración de estas como un bien de interés público, para así garantizar una fabricación e inoculación masiva.

Recordemos que Argentina ya fabrica el principio activo de la vacuna en la planta de mABxience de Hugo Sigman, quien debía entregar el primer lote de las 22 millones de dosis en marzo pero no ha enviado ni una por “retrasos y falta de insumos para el envasado en México”.

El intento del gobierno por comenzar la producción a gran escala en el país tiene como prioridad dos cuestiones: por un lado, limpiar de toda responsabilidad a quienes debían encargarse de entregar las dosis, tanto el laboratorio AstraZeneca como el de Hugo Sigman y el de Carlos Slim. También la del gobierno, en tanto no ha realizado ninguna acción para que se respeten los acuerdos de compra establecidos con el Estado, incluso con el 60% del pago por adelantado. Se pretende que intervengan los Estados de Argentina y de Reino Unido para “salvar” a sus protagonistas y que las dosis prometidas lleguen a través de la producción local y del mecanismo Covax, otra de las opciones que se barajó en la reunión.

Incluso Sigman fue denunciado en la justicia, la cual quedó radicada en el tribunal del juez federal Julián Ercolini y es instruida por el fiscal Guillermo Marijuán. Si se destrabara el conflicto por esta vía sería liberado de los cargos.

En segundo lugar, garantizar la continuidad del negociado a Sigman, quien aparentemente sería el encargado de continuar la cadena de producción en el país. El empresario también puso a disposición su laboratorio para que tome el mando de la producción de Sinopharm (ya había coordinado en 2020 el ensayo clínico que se realizó en Argentina) y de la de Israel, aún en fase 3. Son diálogos desesperados que el gobierno entabló esta semana frente a la resolución de China de cesar la exportación de su vacuna, por lo que el único contrato que tiene firme el gobierno es con Rusia.

Ninguna de estas negociaciones por fabricar las dosis localmente implica la garantía de que se le asigne con prioridad a Argentina, sino que estaría en las mismas condiciones que si la vacuna se produjera en otro país. Al igual que en el caso de Richmond y la vacuna Sputnik V, implica un negocio entre privados que no garantiza la vacunación para la población.

Ante la segunda ola la clase trabajadora necesita más que nunca la inmunización. Con ella no solo se podrían prevenir la enfermedad, sino también evitar las complicaciones más graves. Todas las vacunas hasta ahora aprobadas demostraron un 100% de efectividad para evitar las hospitalizaciones, lo que no es menor en un contexto de alta ocupación de camas y saturación del sistema de salud.

Sin embargo, las prioridades de esta se dejan por fuera en tanto no se garantiza el acceso, sino el negocio multimillonario entre Estados y privados. Por esa razón es que se sigue manteniendo un sistema de salud ineficiente y fraccionado. La centralización que plantea el Frente de Izquierda incluye a los laboratorios y centros de investigación, ya que hoy los privados se valen del conocimiento y la cooperación de cientos de institutos estatales y de universidades nacionales, del trabajo gratuito o malpago, para lucrar con la salud de la población.

Debe venir acompañada de la intervención de la clase obrera para poner a los hospitales, laboratorios y todo el proceso de vacunación bajo control de los trabajadores. También de la intervención del laboratorio de Sigman y la confiscación de las dosis allí producidas, la ampliación de la producción y la garantía de una vacunación al servicio de la clase obrera.