Con una movilización de más de 300 municipales, se rechazó en las calles el intento de Martín Llaryora de hacer pasar nuevos despidos en plena pandemia. Se trata de 117 empleados municipales cuyos contratos vencen este miércoles y tendrán el martes su último día de trabajo como agentes públicos de la ciudad de Córdoba.

Verónica Bruera, secretaria general de la Municipalidad, afirmó que “los contratos caídos pertenecen a casi todas las áreas de la administración, con excepción de Salud” (La Voz, 30/6). El eufemismo utilizado encubre que se trata lisa y llanamente de despidos encubiertos y omite que la medida alcanza a contratados que desempeñan tareas como auxiliares en escuelas, jardines maternales y parques educativos dependientes de la municipalidad. A estos nuevos despidos, se les deben sumar las dos cesantías que se habían concretado hace 10 días, lo que lleva el número final a 119, consolidando así un claro ataque, también, sobre educación.

En todos los casos, los despidos involucran a agentes que revestían bajo condición de artículo 8 y artículo 9. Esto quiere decir que una parte de los despedidos son trabajadores que tienen más de cuatro años de relación laboral con el municipio. Nos encontramos frente a un acto doblemente ilegal. Por un lado, se trata de contrataciones fraudulentas, recurso utilizado por la actual y la anterior gestión para mantener en una situación de precariedad e inestabilidad a cientos de trabajadores que desempeñan desde hace años la misma labor que los trabajadores de planta. Asimismo, la medida constituye un desconocimiento artero del decreto presidencial 329/2020, que expresa en su art.2: “Prohíbanse los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial”, prorrogado por el decreto 487/2020.

De esta forma, Llaryora impone despidos arbitrarios e ilegales que dejan sin sustento a las familias trabajadoras, con el agravante que supone la crisis social, económica y sanitaria abierta a raíz de la pandemia por coronavirus. Y procede al desmantelamiento de las áreas sensibles para la población más vulnerable de la ciudad, donde la asistencia estatal es más necesaria.

El desguace de los parques educativos, como es el caso del Campo de la Ribera, da cuenta de ello. En lo que va del año ya les dieron de baja a siete trabajadores entre administrativos y personal de mantenimiento. En el mismo sentido, quieren avanzar sobre las escuelas y jardines maternales con la supresión de los cargos que desempeñan tareas pasivas, en todos los casos centros de primera atención que brindan asistencia y contención elemental para la población en plena crisis.

El hecho de que Llaryora se niegue al diálogo, levantando en dos ocasiones las mesas de negociación, significa que está dispuesto a llevar a fondo un ataque de conjunto contra los municipales, liquidando sus principales reivindicaciones, para avanzar con el vaciamiento y los negociados de la tercerización de áreas enteras de la municipalidad. Un camino que ya había emprendido la gestión radical de Ramón Mestre con el Esyop, hoy convertida en una fuente de corrupción que tiene procesado al exintendente y a la mayoría de su gabinete.

Para la gestión del PJ en la ciudad, imponer una derrota definitiva sobre el Suoem (sindicato municipal) es un paso estratégico para ir contra el convenio del Surrbac (sindicato de recolectores de residuos) y de la UTA, cuyos trabajadores están trabajando sin cobrar su sueldo. Con estos ataques envía un claro mensaje al conjunto de los gobiernos municipales y a las patronales privadas, en línea con el gobierno provincial de cómo descargar la crisis sobre los sectores que viven de su trabajo.

La reacción de las y los municipales no se hizo esperar y lanzaron una semana de acciones de protesta. Junto con la movilización de hoy se resolvió una marcha de los contratados despedidos para mañana, convocando el apoyo del resto de las dependencias; una movilización del sector salud para el jueves por la mañana y una nueva movilización del conjunto del sindicato que promete ser multitudinaria para el viernes.

La movilización resuelta para el viernes tiene que transformarse en una verdadera pueblada, convocando al conjunto de las y los trabajadores cordobeses a enfrentar la avanzada antiobrera del PJ. Para esto las CGTs y las CTAs tienen que convocar al abandono de actividades para que la clase obrera se haga sentir en las calles, en la perspectiva de preparar un paro general en la provincia.

Derrotar el ajuste de Llaryora es decisivo para frenar la ofensiva de ajuste y represión del gobierno provincial y de los intendentes. Opongamos a la salida patronal a la crisis, la defensa de las familias trabajadoras.