Las cifras oficiales, correspondientes a la Seguridad Social, dan cuenta de una caída de 1,3 millón de niños en la cobertura del salario familiar debido a la falta de actualización del tope salarial bruto que restringe el acceso de millones de otros chicos y sus familias a dicho ingreso “complementario”. El gobierno ajusta el gasto social por diversas vías.

El acceso al salario familiar se encuentra actualmente limitado al tope de ingresos salariales brutos de $158.366 por persona, los cuales se actualizan una vez al año (en el mes de marzo), contra una inflación elevada que infla nominalmente los salarios dejando a cientos de miles de trabajadores sin cobertura para sus familias.

Es lo que sucede todo los años y que este 2022 llevó a pasar de 2,5 millones de padres de 3,9 millones de menores alcanzados en marzo a 1,7 millones de trabajadores y 2,6 millones de niños y niñas en diciembre pasado.

La actualización del tope de las asignaciones familiares se hacer respecto a la evolución anual del Ripte al mes de octubre, lo que dejaría el techo en $283.220 en marzo del 2023. A su vez, la movilidad de los montos de los salarios familiares se incrementó un 72,5% en 2022, contra un 94,8% de inflación (Clarín, 2/2).

Cabe recordar que el gobierno generó otra discriminación en el sector con el refuerzo complementario que llega hasta $20.000 por chico  (totales) para el caso de quienes no superen ingresos brutos por $131.208, dejando por fuera a las familias restantes y sin contemplar tampoco a monotributistas, donde en las categorías más bajas se paga $10.126 por hijo.

La existencia de las asignaciones familiares responde a las medidas de contención capitalista contra el ajuste contra los salarios, los cuales son insuficientes para cubrir las necesidades familiares, trasladando al Estado parte del “costo laboral”, algo que se financia con las propias erogaciones de los trabajadores, ya que las patronales son beneficiarias de distintas exenciones y condonaciones.

El salario de los trabajadores debería servir para cubrir el conjunto de las necesidades materiales de su familia, algo que choca con una realidad donde una porción significativa de alrededor de un tercio de los trabajadores en actividad con cubre siquiera una canasta básica de pobreza.

Las asignaciones familiares deben ser de carácter universal alcanzando a la totalidad de las familias obreras, sin distinción, como medida urgente, en el camino hacia una recomposición general de los salarios que permita garantizar un verdadero acceso a los derechos fundamentales privados por las patronales: como vivienda, salud, educación, esparcimiento, cultura, alimentación, etc.

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