En un texto de más de mil palabras, Alejo Lasa, del PTS, trata de esconder lo que no puede dejar de reconocer en unas pocas: “No se pudo ese día parar la fábrica” (LVO Nº 504). Es decir, Zanón no paró en la gran huelga del 20 de noviembre pasado. Tampoco explica por qué.

La cooperativa obrera se enfrenta a la necesidad de pagar una elevada carga que le impuso el Estado para aceptar la expropiación de la empresa. Esta carga consiste en pagar a precio de costo el material que compra a la cooperativa, en lugar de los precios de mercado, imputando la diferencia entre uno y otro al pago de la indemnización de 23 millones de pesos establecida en la ley respectiva. La cuestión política es que la intensificación de la producción para pagar esa carga y otras necesidades de la cooperativa, ha venido a sustituir la reivindicación de la anulación de la indemnización mediante la movilización conjunta de la clase obrera.

Lassa dice que la dirección del sindicato propuso parar, pero no dice cuál fue la campaña que realizó para ganar la votación, a sabiendas de los problemas que había, ni el empeño que puso en la asamblea -la cual tuvo un trámite rutinario. El planteo de “parar” fue realizado sin convicción, para evitar la polémica. La flamante minoría del sindicato siguió el mismo guión.

Hemos señalado en varias ocasiones que la ley obliga a Fasinpat a pagar una indemnización de 23 millones de pesos, en producción, cotizada a su costo (no a precio de mercado), lo cual implica un interés implícito de ese monto.

El PTS dice que “los obreros de Zanón no tienen que entregar cerámicos como forma de pago alguno, sino que le venderán al Estado la producción para obras (viviendas, escuelas, etc.) a precio de costo, lo que incluye el salario y la amortización de las máquinas (y materias primas y energía)”.

A renglón seguido el mismo PTS afirma: “No es cierto que los obreros deban reintegrar los 23 millones de pesos en cerámicos al costo. Simplemente el ‘compromiso’ es venderle cerámicos al costo al Estado para obra pública”.

Es decir que sí paga al Estado la diferencia entre el costo y el precio de mercado. La “aclaración” del PTS confirma nuestra denuncia. La ley establece que la cooperativa “compensará al Estado provincial, en especie, las sumas desembolsadas, o sea mediante la venta al costo de los productos que requiera la provincia para fines públicos” (Art 7). O que obliga a Fasinpat a “compensar al Estado”. La cesión, por lo tanto, no es a titulo gratuito.

La ley parte de la existencia de una deuda que la cooperativa deberá “compensar en especie”. Aunque la ley no establece plazos para dicho resarcimiento ni tampoco una tasa de interés para la deuda que la cooperativa obrera contrae con el Estado, esa tasa existe. Se la puede deducir de la diferencia entre el precio de costo al cual deberá vender su producción al Estado y el precio de mercado de los cerámicos. Tiene una tasa de interés implícita, que podría llegar a ser usuraria.

Zanón no vende su producción al público ni a los intermediarios al “precio de costo”. Si así lo hiciera, renunciaría a percibir una ganancia, aunque sea sin patrón; es decir, sacrificaría la creación de un fondo de acumulación destinado a inversiones, ampliaciones o renovación tecnológica. Resignar la parte del precio de venta que constituyó esa ganancia es, como decimos, “pagar un interés implícito y elevado”.

La ley está confeccionada para dotar al Estado de una capacidad de arbitraje y de supervisión sobre la nueva fase del emprendimiento obrero, sea por la vía de la hipoteca para pagar el ‘resarcimiento’, sea por la facultad para determinar las compras públicas.

Es con una clara conciencia de estas limitaciones que debe valorarse la victoria que significa haber conseguido la expropiación, o sea el fin del limbo legal de la cooperativa. Esas limitaciones deberán superarse por medio de la lucha, con el conjunto de la clase obrera.

No menos grave que el cáracter leonino y tramposo de la ley sapagista, es el esfuerzo del PTS en ocultar sus características, para embellecer las condiciones de la expropiación. Para enfrentar esta presión del Estado es necesario poner de manifiesto -ante toda la clase obrera y la opinión pública- las condiciones extorsivas impuestas por el sapagismo y la Legislatura neuquina, y llamar a enfrentarlas con una plataforma de reivindicaciones. Esa plataforma está planteada en el proyecto de ley que ha presentado el PO, y que el PTS -pero también la Gris (IS-PCR)- han rechazado debatir. La prensa del PTS ocultó también la decisión de Zanón de no parar.

Sin embargo, sólo la verdad es siempre revolucionaria.