El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa confirmó que, en lo que va de la pandemia, más de 3.000 trabajadores petroleros “arreglaron” desvincularse con las empresas del sector. Si bien es presentado como un acto individual y voluntario del trabajador, lo cierto es que los retiros voluntarios constituyen despidos encubiertos. Se efectúan bajo la presión que ejercen las empresas, amparadas en que el sindicato no actúa en forma colectiva ante estas coacciones.

El mecanismo es conocido: a través de las gerencias o “recursos humanos” las patronales amenazan con despidos u ofrecen compensaciones en las indemnizaciones al trabajador que, desprovisto de una organización que lo defienda, se ve obligado aceptar los retiros voluntarios.

Es necesario remarcar que ante un eventual regreso al trabajo de los suspendidos, los 3.000 trabajadores menos representarían un ahorro del 15% de la fuerza laboral, hecho que implica que esos “retiros” forman parte de la política de imponer un aumento de la productividad.

Desde que comenzó la cuarentena, las patronales -entre ellas las “pymes petroleras”- generalizaron los acuerdos de suspensiones con podas del 50% del salario. Este esquema lo permitía el decreto presidencial supuestamente “antidespedidos”, pues se utilizaba el famoso artículo 223 bis de la Ley Contratos de Trabajo. La orientación de la conducción del sindicato fue legalizar estos arreglos por empresas, firmando dos acuerdos que establecieron suspensiones y rebajas salariales a 17.000 petroleros, y establecieron topes salariales de $60.000.

Esta ofensiva patronal pretendía pavimentar las condiciones de trabajo para una futura reactivación de la industria. Fue así que YPF pico en punta y propuso un acuerdo para la productividad que representa un mazazo a las condiciones de trabajo y de salario, eliminando adicionales remunerativos, imponiendo nuevos ritmos de trabajo, menos personal en las dotaciones. La llave maestra de las empresas y el gobierno es profundizar la productividad a costa de una mayor explotación.

Pero las patronales van por más. Se niegan a pagar el 16% acordado en la paritaria 2019, presionan por un congelamiento salarial y un nuevo esquema de reforma laboral, que en muchos casos ya se desenvuelve en los hechos. Los llamados retitos voluntarios se inscriben como parte de esta ofensiva general contra los trabajadores.

Para evitar esta sangría contra los petroleros es necesaria la intervención independiente de los trabajadores, para luchar por una salida opuesta, que parta de la defensa del salario y el rechazo de las suspensiones y los despidos, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario, impugnando cualquier reforma laboral y anulando la adenda flexibilizadora del año 2017. Estos reclamos están vinculados a una pelea de fondo por la apertura de los libros de las empresas y la nacionalización de la industria energética, bajo control obrero.

Es imperioso impulsar petitorios, reuniones, asambleas y una deliberación en los lugares de trabajo para impulsar la lucha por este programa.