El próximo miércoles se realizará el primer paro con movilización del año de la UEJN-Judiciales. La comisión directiva, comandada por Piumato, ha resuelto esta medida después de terminar el 2020 con una pérdida salarial neta de 15%, y tras haber realizado presentaciones a la Corte desde enero, sin obtener ningún tipo de respuesta. Como el primer trimestre del año bien podría cerrar con una inflación acumulada de dos dígitos, al cierre del presente despacho la pérdida salarial acumulada se acerca al 25%.

El presidente se despachó en su discurso de apertura de sesiones contra la Corte y el Lawfare, pero no dijo que en un año de su mandato hemos perdido salario, se perjudicó a más de 7.000 judiciales con la reforma del régimen previsional, creció el número de judiciales que paga el impuesto al salario, se perdió la feria de julio cuando se estuvo teletrabajando y el Covid-19 sigue arreciando en las dependencias que convocan personal en modo presencial.

Crece la caja de la Corte y aumenta la flexibilización laboral

Pese a que todos los indicadores del país se desplomaron en el transcurso del año 2020 (fundamentalmente los salarios) la Corte Suprema logró un importante y sustancial crecimiento del fondo de reserva que acumula en plazos fijos. Según el informe de gestión del año pasado, la suma arroja la friolera de $47 mil millones, sin tener en cuenta acreencias y créditos disponibles, y sin tomar en consideración, además, que existe otro fondo anticíclico -de la obra social- que supera holgadamente los $15 mil millones.

No existe un genio en finanzas que logre dichos resultados a partir de una ingeniería administrativa de los recursos. La explicación es mucho más sencilla. Desde hace más de 10 años que en las dependencias de la Corte no se cubren vacantes, por lo que ha disminuido sensiblemente el personal. Pero la Corte no devuelve créditos presupuestarios al Ejecutivo por esos trabajadores que ya no están, sino que los sigue colocando en el presupuesto y los embolsa enteros para después colocarlos en plazos fijos.

Así, de 2.500 cargos que figuran en el presupuesto que la Corte le remite anualmente al Congreso, solo hay 1.500 en funciones. De este modo, muchas dependencias funcionan con la mitad del personal que deberían tener. El cúmulo de trabajo que se incrementa por este vaciamiento de personal recae sobre los judiciales que ven perjudicada así su salud y el respeto a su jornada y condiciones de trabajo.

En ese sentido, es para destacar la campaña de las comisiones internas opositoras de Penal y Civil y Comercial Federal que reclaman que la Corte Suprema adelante el pago del aumento salarial adeudado del 2020, echando mano a estos recursos y que sean los cortesanos los que esperen el giro de partidas del Ejecutivo y no los judiciales. Este planteo ha colocado, más de una vez, a Piumato en defensa de la Corte, dado que ha llegado a señalar que dicho botín de la flexibilidad laboral es la base material “de la independencia del Poder Judicial” y que por ello no se puede tocar.

Un sector kirchnerista de la UEJN, hoy en declinación, intenta exculpar al gobierno nacional de su papel en el ajuste, a partir de reclamar que la Corte pague directamente con el fondo anticíclico el aumento salarial y que así el gobierno no tenga que poner un peso. Se trata de una cortina de humo, porque se sabe que ello sería insostenible sin fondos del tesoro nacional.

Finalmente, dicho fondo tampoco se utilizó para adecuar ningún edificio a las condiciones de la pandemia, ni tampoco para entregar una sola computadora a los trabajadores que están 100% realizando tareas telemáticas con sus propios equipos y costeándose ellos mismos los gastos de conectividad.

Por una pauta salarial 2021 no menor a la inflación real. Asambleas y plan de lucha

La política de la Corte y el gobierno apunta a que los judiciales perdamos el 15% del año pasado y que tengamos para 2021 el techo de 29% de aumento, que están firmando gran parte de las burocracias sindicales. Pero si se proyectase la inflación de diciembre, enero y febrero nos daría que la previsión inflacionaria es cercana al 50%. Así, Alberto Fernández lograría lo que Macri no logró, una pérdida salarial consolidada equivalente a la tercera parte del salario.

Este techo salarial del 29% se traslada del gobierno nacional a las provincias, donde los gobernadores de distinto pelaje también recurren a dichos topes y buscan aplicárselo a judiciales provinciales y estatales. Estamos ante la presencia de todo un régimen político que coloca al salario y las jubilaciones como vértice del ajuste, con el objetivo de reunir los recursos suficientes para pagar la deuda externa y subsidiar a los capitalistas. Es necesario que todas las organizaciones sindicales rompan con el gobierno y asuman una posición de lucha.

En momentos en los cuales la Corte y el gobierno entran en choque por diversas causas de corrupción, que ponen en contienda a distintos bandos capitalistas, más cierran filas entre ellos para aplicarles un ajuste en regla a los/as judiciales.

Frente a este escenario, debemos establecer un plan de lucha nacional sostenido que surja de las decisiones tomadas entre los compañeros en asambleas hasta derrotar el ajuste de la Corte y el gobierno. Esa es la pelea que la Agrupación Bermellón le plantea al conjunto de los/as judiciales.