84 días sin servicio de colectivos interurbanos ponen al pueblo del Gran Córdoba y a los trabajadores del transporte en una situación desesperante. La falta del derecho al transporte, al salario, sumado a la dificultad para trasladarse a la capital para ir al médico, o trabajar, entre innumerables inconvenientes exponen una situación que tiene a quienes gobiernan y a los empresarios como responsables.

Las empresas, que han recibido subsidios que manejan discrecionalmente, argumentan no tener los fondos para cumplir sus obligaciones y esperan por más fondos públicos. Hacen un negocio redondo, porque no corren ningún riesgo. La pregunta es: ¿qué hicieron las empresas con los cientos de millones que recibieron en concepto de subsidios? ¿Por qué el gobierno no abre los libros de las empresas?

Los vecinos del Gran Córdoba somos testigos de que los subsidios recibidos durante años no fueron destinados a mejorar la calidad del servicio. Gran parte de la flota de Intercordoba, solo para dar un ejemplo, no se renueva. Los trabajadores de las empresas hace meses que hacen changas para tener un ingreso más. Aun cuando aceptaron una reducción salarial del 25%, la empresa incumple el acuerdo al que se comprometió, frente a las autoridades que siguen dejando pasar los atropellos. Pagan porcentajes del sueldo cuando quieren, porque las empresas retienen la plata de los subsidios, no hay fecha estipulada para que se les cancele la deuda.

Ni que hablar de la situación que atraviesan hoy los usuarios del transporte interurbano que se ven forzados a llegar a sus trabajos en bicicletas, a pie o haciendo dedo. Muchos vecinos que trabajaban en negro, precarizados o en casa de familia terminaron perdiendo el trabajo. Los jubilados que deben llegar a la ciudad de Córdoba o a una localidad vecina de su domicilio por tratamientos o controles médicos, hace tres meses que se ven imposibilitados.

El Frente de Izquierda ha denunciado esta situación y ha presentado proyectos, como por ejemplo el pago de un viatico para cubrir los gastos de transporte, además de un proyecto de estatización del servicio de transporte de pasajeros bajo control de los trabajadores. El PJ se niega a tratas ambas propuestas, es que al gobierno provincial y los gobiernos municipales, en los hechos, no le importa la situación por la que atravesamos los usuarios y trabajadores del transporte. La intervención obrera y popular es la clave para darle a esta crisis una salida.

Es necesario que de manera inmediata se restablezca el servicio de transporte interurbano y el servicio urbano que muchas de estas empresas prestan en ciudades del interior. El pago integral de todo lo adeudado a los trabajadores del transporte, la adecuación de las unidades a las nuevas medidas sanitarias lo que implica observar las medidas de bioseguridad. Si las empresas no lo pueden garantizar, es responsabilidad del Estado que concesiona el servicio.

Para ello planteamos la estatización del transporte interurbano y urbano de las ciudades del interior, la apertura de los libros de las empresas para saber dónde fueron los millonarios subsidios y la gestión de obreros y de usuarios de las mismas.