Agobiado por dos semanas de movilizaciones que significaron más de un millón de trabajadores en las calles, y como parte del operativo de contención de las luchas, el gobierno le tiró un cable de sobrevivencia a la “Emergencia Social”. Dispuso implementar el salario social complementario, un plan sin contraprestación laboral por un monto de 4.030 pesos (equivalente al Argentina Trabaja). Además, dio marcha atrás con las bajas a los beneficiarios de planes implementados en el último año -un intento de regimentación y, finalmente, aceptó el ingreso a planes de organizaciones que no formaron parte del acuerdo “vaticano” por la Emergencia Social (que suscribieron Movimiento Evita, CTEP (Economía Popular, dirigido por un asesor del Papa, y la CCC/PCR).

 

El macrismo dio un paso atrás frente a una realidad que amenaza desbordarlo. Durante todo marzo, decenas de organizaciones, representantes de miles de trabajadores desocupados y precarizados ganaron la calle frente al fracaso de la política “social” del Presidente (los firmantes de la Emergencia Social y los que la denunciaron, como el Polo Obrero).

 

Hubo un debate dentro del gobierno que llevó a la crisis para la ejecución de la “Emergencia…”, sea por los que planteaban como prioridad subsidiar a las patronales en función de planes de “primer trabajo” -lo que entraña el despido de los “viejos”-, sea para espaciar los pagos en función de atenuar el déficit fiscal o simplemente por el lobby de las patronales, que ven a los ingresos de programas de empleo o planes sociales como un piso de salarios demasiado alto. Todo este impasse fue cancelado abruptamente en 24 horas, para parir una reedición de planes por un ingreso de subsistencia.

 

Las razones de la crisis

 

La “Emergencia” fue firmada hace cuatro meses. Se estableció el aumento de 30.000 millones a lo largo de tres años, “a las partidas para puestos de trabajo” y que “los cooperativistas que hacen contraprestaciones tengan una obra social, aportes jubilatorios y que se haga un Registro Nacional del trabajo informal”. Todo esto, a cambio de un compromiso de paz social por los tres años. El objetivo enunciado en su momento por el Triunvirato de la “Emergencia…” era llegar a empardar el salario mínimo legal con el trabajador de los planes.

 

Nada de esto se llevó adelante. No se puso un peso en ningún programa de empleo ni se actualizó el monto de los existentes y se pretendió dar de baja planes del Ministerio de Trabajo. A la par, en año y medio, caían no menos de 500.000 puestos de trabajo.

 

La propia ley no habilita los recursos para sus limitados objetivos. La CTEP sostiene que los trabajadores de la “Economía Popular” son más de un millón (hay cuatro millones entre desocupados y precarizados). Si consideramos el monto de 30.000 millones de pesos en los tres años del período 2017/19 y lo distribuimos por ese presunto millón de trabajadores precarizados, una cuenta simple nos da que la ley otorgaría menos de 900 mensuales a cada compañero. De 4.030 pasaríamos a 4.900… de aquí hasta 2019.

 

Es esta realidad la que ha llevado a que los mismos que impulsaron la ley hayan tenido que salir a la calle. Es el reconocimiento del fracaso de su propia política.

Tener la expectativa de que un gobierno de ajuste y ataque a las organizaciones obreras contemple la mínima aspiración del movimiento de lucha de desocupados y precarizados (y se integre al Estado en función de esta convicción), va mucho más allá de la ingenuidad política.

 

Barrionuevo: “fue un acuerdo táctico”

 

En el programa “La mirada de Roberto García” (TV 26, 27/3), el periodista le interroga sobre el pacto de la CGT con el Triunvirato de la Emergencia Social. Barrionuevo responde: “ya fue”; ¿cómo?, repregunta García: “fue un acuerdo que jugó su función”. La burocracia de la CGT, o al menos una de sus alas, ha tomado distancia de los movimientos a sabiendas que la Emergencia se está hundiendo.

 

El modelo de la “emergencia social” es la obra pública con precarización laboral, al estilo de la Túpac Amaru y de la “década ganada” de los K. La política colaboracionista ha dado lo que puede dar.

 

Llamamos a romper con la política que llevó a la Emergencia Social, y a elaborar un programa y un planteo de conjunto que rompa con la cooptación del gobierno y ponga en acción y las enormes reservas de lucha en una perspectiva independiente de los partidos patronales y sus gobiernos, y en unidad con los trabajadores en lucha, no con la burocracia entreguista.

 

Planteamos:

 

•Aumento de emergencia de todos los programas sociales para llevarlos al nivel del salario mínimo, vital y móvil.

 

•Pase a planta y al convenio respectivo de los trabajadores del AT y otros programas estatales.

 

•Seguro al desocupado al nivel del 80% del salario en actividad.

 

•Blanqueo de los trabajadores en negro.

 

•Vigencia de convenio para los trabajadores sometidos a la tercerización.

 

•Ocupación de los lugares de trabajo que despidan o suspendan. Reparto de horas sin afectar el salario.

 

•Ingreso irrestricto y universal a todos los programas sociales, sin intermediarios ni punteros.

 

•Abajo la represión. Unidad de acción para enfrentarla.

 

•Que la crisis la paguen los capitalistas.

 

•Plan de lucha unificado y frente único de acción

 

Proponemos un congreso de bases de organizaciones sociales y sindicales para elaborar un plan de lucha común para quebrar el ajuste, y abrirle un rumbo propio a la clase obrera ocupada y desocupada.

 

 

Foto: Fede Imas