El desalojo de la Cervecería Córdoba el pasado 17 de agosto no ha cerrado el ciclo de luchas de la provincia, tampoco ha atenuado la crisis política y económica provincial y mucho menos los dramas que viven los trabajadores.

La lucha de los médicos y el personal de salud de los hospitales públicos continúa firme, con paros de 7 horas todos los martes y abrazos y movilizaciones en torno a los hospitales. Entre 1995 y 1998, el presupuesto de salud bajó de 337 millones a 222; en el mismo período, los agentes de salud pasaron de 16 mil a 9.500. Según el ministro de Salud, Borrini, el objetivo es que cada vez se usen menos los hospitales públicos. Sin embargo, la realidad enfrenta los deseos ministeriales: en el mismo período las consultas crecieron un 50% y las internaciones un 75%.

El gobierno se desprendió de 300 trabajadores del Paicor (plan de asistencia alimentaria), que fueron transferidos a los nuevos concesionarios de los comedores escolares, con rebajas salariales del 50% y con el despido de trabajadores de esos concesionarios. Todo esto produjo movilizaciones de los agentes del Paicor. Hace 5 días está tomado el local de Pumper en el centro por los 30 empleados que quedaron en la calle por el cierre del local. Ha habido movilizaciones de vecinos por el agua (Barrio SEP, con corte de ruta) y contra el revalúo inmobiliario.

Fiat suspendió nuevamente por una semana a todo su personal y estableció un plan de suspensiones para el resto del mes. Renault y VW han dicho que por ahora no tienen previstas medidas de ese tipo, pero que la situación se complicará hacia fin de año.

Este gravísimo cuadro ha llevado a la Iglesia a advertir al gobierno que "la paz social peligra en Córdoba", y lo hizo a través de una carta de Primatesta a Mestre. El ‘prelado’ no habla en vano. Los tenedores de Cecor han demandado al gobierno el pago de intereses por los 45 días de retraso en su cancelación. La multinacional Cargill, que tenía que cobrar 30 millones de intereses por Cecor en su poder reclama 6 millones de compensación. La Mañanade Córdoba, el diario de Ramos, recomendó al gobierno pagarlos, porque necesitará más fondos (un posible nuevo Cecor) para hacer frente al pago de sueldos hacia fin de año. De los 850 millones que le adeudan al Banco Córdoba, y que el gobierno ha mandado a un fondo fiduciario para sanear el banco y privatizarlo, el 70% está en juicio para su cobro con escasas o nulas posibilidades de recuperación. Con el agravante que su garantía es la coparticipación. Es decir, que en pocos meses las finanzas públicas podrían quedar ‘secas’. Es esta situación tal vez la que ha hecho correr el rumor de que Mestre quiere adelantar las elecciones para gobernador a diciembre (su reelección).

Es evidente que la situación "no da para más". Sin embargo, la única resolución que tomó el plenario de las organizaciones gremiales convocado en la CGT el pasado 25 (después de una movilización de 2.000 trabajadores) es conformar una mesa de enlace para "seguir la situación".

Todas las fuerzas políticas patronales y la burocracia sindical están trabajando para que la situación no se ‘salga de cauce’. Los trabajadores sólo pueden superar la situación si intervienen activamente en ella con una política y una organización propias: ni suspensiones ni despidos, reparto de las horas de trabajo; estatización de las empresas que cierren; aumento salarial de emergencia del 50%, salario básico igual a la canasta familiar; subsidio de 500 pesos para los desocupados; impuesto extraordinario a los grandes capitales para sostener la salud y la educación; desconocimiento de la deuda provincial e incautación de las propiedades y empresas deudoras del Banco Provincia. El paro provincial y el plan de lucha están a la orden del día: plenario abierto de delegados y activistas para poner en marcha un plan de acción.