La conducción provincial de ATEN (TEP-Celeste) convocó este lunes 27 de junio a un plenario regimentado (donde cada seccional disponía de solo cuatro minutos y un solo orador mientras ellos cuentan con la mayoría absoluta), para aprobar otro evento regimentado: el acto y la movilización provincial que se convoca para el miércoles 29 de junio, a un año del triple crimen laboral de la Escuela 144 de Aguada San Roque donde murieron una docente y dos operarios por una explosión. La escuela, aún en obra, había sido presionada por el gobierno para regresar a la presencialidad sin que existieran elementales medidas de seguridad.

En las audiencias de formulación de cargos, la política del TEP-Celeste de dejar fuera de la imputación al gobernador y la ministra de ese momento, Cristina Storioni, fue duramente criticada por la madre de la docente fallecida. Ante el reclamo de que la madre fuera oradora en el acto, la conducción provincial montó todo un operativo de blindaje contra la exigencia de imputarlos. Para eso, incluso, no ha vacilado en reunirse para pedir colaboración al MTD, un movimiento social afín al gobierno y concurrente a todos los actos oficiales en apoyo al gobernador.

En respuesta al reclamo de la secretaria de ATEN Plottier y de ATEN Capital, para que se exija la imputación de la ex ministra y el gobernador, el TEP-Celeste por la vía del secretario general, Marcelo Guagliardo, cerró el plenario con una seguidilla de mentiras encubridoras. Fue la tónica de todas las intervenciones de las seccionales que dirige el TEP, una tónica a la defensiva, llamando a acallar toda voz disidente en aras de la “unidad”, del “dolor”, etc.. Como si la crítica fuera un factor de desunión por sí misma o ignorara el dolor que sentimos por el triple crimen laboral.

 

Las mentiras de Guagliardo

Uno de los argumentos del secretario general de ATEN fue que “estamos ante una causa penal, y el fuero penal no permite imputar a las responsabilidades políticas”. Llegó a decir que no existe ningún funcionario imputado o condenado como responsable político de un hecho penal.

La condena de los ex ministros Schiavi y Jaime (y otros altos funcionarios), estrago culposo agravado por la muerte y lesión de las víctimas de la masacre de de Once, desmiente rotundamente a Guagliardo, como también la condena a Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Es que ni un millón de plenarios y macaneos puede tapar que, a pocos días de la masacre, el mismo Guagliardo le respondió a una masiva movilización que imputar a Storioni “era inconducente”. Es decir, no se trata de razones de procedimientos legales, sino de blindaje político a una ministra con la cual el TEP-Celeste pactó e impulsó las reformas antieducativas en curso, y ese maridaje político lo obliga a macanear una y otra vez para autoencubrirse.

Tampoco pudo explicar la razón por la cual CTERA, cuya mesa ejecutiva integra, no ha convocado a un paro nacional este 29 de junio. En momentos en que las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas de todo el país nos colocan cada momento en la cornisa de nuevas masacres laborales, un paro nacional sería un gran punto de apoyo para quienes luchamos contra el ajuste del pacto con el FMI. Pero nuevamente razones políticas son las que explican que CTERA de la espalda a la convocatoria al paro: La CTERA de Yasky y Baradel, Alesso y Guagliardo es autora de la invitación a la vicepresidenta Cristina Fernández a un congreso de la CTA de los Trabajadores.

Con un pie en el terreno político del MPN y el otro en el del gobierno nacional, el TEP-Celeste debe actuar a la defensiva y reclamar por lo bajo el auxilio necesario de ambos gobiernos, para eliminar a la oposición mediante fraudes, manipulaciones y violaciones de derechos.

Las seccionales opositoras nos preparamos para parar y movilizar masivamente el 29 de junio y sostener bien alto las banderas de “Gutierrez-Storioni son responsables. Deben ser imputados”. Con este objetivo, es imperioso darle carácter activo al paro, movilizando fuertemente a las puertas del poder político.

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