El jueves 8/6, un tribunal penal procedió a leer los “fundamentos” de una condena a seis meses de prisión en suspenso contra el trabajador del diario La Prensa, Ernesto Gutiérrez.

Dos horas le llevó al presidente de dicho tribunal leer el equivalente a un “libro” de 56 páginas, cuya pretensión es sentar jurisprudencia y justificar la abominable sentencia contra este compañero. Ernesto Gutiérrez fue acusado de “falso testimonio” por su declaración en un juicio de otro fuero (laboral), en donde la empresa se proponía despojar de la inmunidad gremial —para después despedir— al delegado gremial Jorge Brodsky.

Lo primero que llamó poderosamente la atención de todos los compañeros que concurrieron a las audiencias del juicio oral y público (es decir, aquellos a quienes les fue permitido ingresar a la sala, que contaba con sólo 15 asientos y donde no podía haber gente parada), es que ninguna de las alevosas y groseras contradicciones en que incurrían los testigos de la empresa, quedaba registrada en acta taquigráfica, grabación o filmación alguna. Es que a pesar de ser “públicos”, los juicios en realidad no pueden ser grabados ni filmados si el tribunal lo impide —como sucedió en esta oportunidad—, ni tampoco se toman actas taquigráficas oficiales de las declaraciones. Esta aberración permite deformar luego lo que afirman los testigos, dejando la “interpretación”  final a los jueces, que en este caso dieron toda la impresión de actuar como querellantes, al punto tal que la absoluta mayoría del público presente —si no la totalidad— sentía que Gutiérrez estaba condenado antes de iniciarse la instancia oral y pública.

El sistema de juicio oral y público, lejos de lo que nos venden Laura Santillán y Canal 13 en “Justicia para Todos”, es más pernicioso que el anterior, pues no deja rastros del proceso. El encuadramiento de la represión dentro de la legalidad, que tanto se pregona, ya está preparado y funcionando.

Se impone una campaña para acabar con este sistema arbitrario, que exija el derecho a la grabación, filmación y confección de actas oficiales, que deberán ser refrendadas por las partes, con garantías para todos de poder utilizar el medio que mejor considere para la reproducción textual de lo manifestado en los debates orales.

Aproximación a la sentencia

Un análisis exhaustivo de la sentencia será material para otro número de Prensa Obrera. Pero de lo visto y oído se puede afirmar que la sentencia es manifiestamente arbitraria por las siguienes razones:

1) Se probó en la causa que el acta judicial utilizada para condenar a Gutiérrez no fue realizada en presencia del juez laboral ni del secretario, como ordena la Ley, lo que hace nulo todo el proceso contra el trabajador de prensa Gutiérrez. Sin embargo, esto no fue admitido por el tribunal.

2) El acta notarial fechada el 24/3/93, realizada por una escribana a pedido de la patronal del diario La Prensa y utilizada en la causa como prueba acusatoria contra Gutiérrez, no recabó el testimonio de todos los periodistas presentes el día de los hechos, como lo reconoció en el juicio la propia escribana contratada por la empresa. Sin embargo, esto no fue admitido por el tribunal.

3) Varios testigos reconocieron que los hechos utilizados para perseguir penalmente a Ernesto Gutiérrez no ocurrieron en la forma que lo afirmaba La Prensa SA. Estas declaraciones no fueron admitidas por el tribunal.

4) Los testimonios utilizados para condenar al periodista Gutiérrez corresponden todos a altos ejecutivos de La Prensa SA, parte interesada en el resultado del juicio, algo que la ley prohíbe. La impugnación de los mismos no fue admitida por el tribunal.

La sentencia será apelada ante el Tribunal de Casación y la Corte Suprema de Justicia, pero es de destacar que La Prensa SA contrató los servicios del ex-secretario de justicia de Videla, doctor Durrieu. Bajo este régimen y autoridades cumplió funciones como juez de facto el Dr. Oliván, presidente del tribunal, que acaba de condenar al trabajador del diario La Prensa, Ernesto Gutiérrez.

Tanto la condena contra el delegado Adrián Alvarez como contra Ernesto Gutiérrez, son pasos que da la patronal de La Prensa para poder aportar “pruebas” y condenar al delegado Jorge Brodsky, tres (3)  veces sobreseído en su causa penal. El hecho de que en el juicio oral de Ernesto Gutiérrez, a Brodsky se lo mencionara en una proporción de 5 a 1 respecto del acusado, grafica la verdadera intencionalidad de la patronal.

Contra esta ofensiva fascista se impone la realización de un acto público. En ese sentido hay que trabajar. Se trata de profundizar la actual campaña de denuncias y pronunciamientos en curso, hasta darle un curso de movilización efectivo.