Una semana después de haber dictado la falta de mérito, la Justicia penal sobreseyó a delegados y activistas del Centro Gallego, que habían sido acusados, a instancias de la patronal vaciadora del hospital, de haber mantenido "secuestrado" a un gerente. Una imputación descabellada.

Los trabajadores del hospital atravesaron, en los últimos años, la crisis provocada por la dirección patronal que lo administró. El vaciamiento provocó la pérdida de puestos de trabajo, atraso salarial, una importante deuda de haberes que prosigue hasta el día de hoy, deudas previsionales y el peligro concreto de cierre. Los trabajadores tuvieron que tomar en sus manos la lucha por la defensa del centro y los puestos de trabajo. Movilizaciones a los ministerios de Trabajo, de Salud, actos públicos, cortes de calle y denuncias por todos los medios, obligaron al gobierno a tomar el problema y dejar de mirar para otro lado.

Desde el gobierno nacional, se introdujo una intervención a cargo del Inaes; los trabajadores resolvieron continuar en estado de movilización permanente, que supervise y controle las decisiones de la flamante intervención. Esta tarea no fue pacífica, porque la intervención y la patronal no estuvieron nunca dispuestas a ser inspeccionados por los trabajadores, pero gracias a esta fiscalización de hecho se frenó el vaciamiento. Comenzaron a poner los sueldos al día y se incorporaron unos 500 trabajadores. Es indudable que la lucha de los trabajadores es la responsable de la recuperación y de haber evitado el cierre del Centro Gallego. La pérfida imputación contra los delegados y los activistas llegó concurrentemente con el aviso de que en estos meses la intervención se estaría retirando. Esto implica que la última administración volverá a tener en sus manos la dirección del hospital.

Ahora, las tareas inmediatas son continuar con la lucha salarial y la defensa de los puestos de trabajo. Esta victoria contra la criminalización refuerza la organización de los trabajadores.