En estos días, trabajadoras/es de la Planta de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), Neuquén, hicieron un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de la reactivación de la misma, parada desde hace años.

La producción de agua pesada está directa y exclusivamente ligada al abastecimiento de centrales nucleares con determinado tipo de reactores, por ejemplo los que están instalados en Atucha I y II y Embalse Río Tercero, las tres centrales nucleares de nuestro país.

La PIAP es, para decirlo simplificadamente, una fábrica de agua pesada que se usa luego como moderador de la reacción nuclear en los reactores de las centrales. La paralización de la construcción de centrales de este tipo, así como el surgimiento de nueva tecnología con reactores que prescinden del uso de agua pesada, colocaron a la PIAP en un proceso de agonía que la salida exportadora no revirtió, a pesar de producir un agua pesada de altísima pureza.

La planta funciona con instalaciones que trabajan a altísimas temperaturas y a grandes presiones, por lo que el riguroso mantenimiento de sus kilómetros de cañerías y del estado de los “tachos” (los grandes recipientes) constituyen un requerimiento esencial. Cuestión que no ha ocurrido desde su cierre.

Según informan profesionales del sector, en la última parada la PIAP quedó con líquidos y gases residuales en esas cañerías y “tachos”, algunos de los cuales se solidifican de tal manera que la instalación donde quedaron debería ser directamente removida y cambiada. En otros casos el riesgo es la corrosión del metal desde adentro y el debilitamiento del mismo para aguantar un regreso a la actividad en las condiciones extremas en que funcionan.
Por lo tanto el reclamo de las y los trabajadores de la PIAP respecto a que ya mismo se decida iniciar los trabajos de puesta a punto que permitan retomar las tareas es absolutamente pertinente.

La Junta Interna de ATE de la PIAP, enrolada en la CTA-Godoy, ha desarrollado en el pasado y aún en el acampe una política de reclamar al gobierno nacional que muestre “voluntad política” de reactivar la planta.

En realidad esa “voluntad política” del gobierno nacional avaló el cierre paulatino de la PIAP durante el macrismo y promovió el alejamiento de la mayoría del personal del 2019 a esta parte. Por eso, con buen criterio, la Junta Interna reclama la urgente incorporación de personal y la capacitación necesaria para operar una planta química de características muy particulares.

Como la titularidad de la PIAP es compartida por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la provincia del Neuquén, y ambos sectores se han votado sus respectivos presupuestos de ajuste, estamos lejos de un proceso de retomar personal.

La subordinación del gobierno nacional y provincial a los dictámenes de Estados Unidos (base yanqui en Neuquén), en el marco de los intentos por acordar con el FMI, bloquea cualquier posibilidad de construcción de centrales nucleares financiadas por Rusia o China. No hay indicios que una reactivación sea posible por esa vía. Y a los yanquis no les interesa construir centrales en nuestro país.

Por otro lado hay que considerar que el acondicionamiento para volver a producir es un proceso que implicará no menos de un año y medio y más de un centenar de millones de dólares, que hoy los gobiernos reservan a los pagos de la deuda contraída, y no a la reactivación productiva, en un marco de huelga de inversiones desde el mercado mundial en nuestro país.

La organización de un frente único de lucha, independiente políticamente de los gobiernos, de las y los trabajadores de la PIAP junto a las seccionales recuperadas de ATEN y las que retuvo la oposición, a los sectores de salud y las nuevas juntas jnternas en hospitales y delegados en otros organismos estatales, puede generar las condiciones para volver al trabajo en una planta herida de muerte y que puede tener alguna chance en la reorientación hacia la producción de fertilizantes para lo cual tiene la estructura básica.