Frente a un vallado que impedía siquiera acercarse al edificio de Tribunales donde funciona la Corte Suprema, se llevó adelante un acto, que partió de una iniciativa de la Coordinadora Sindical Clasista-PO, en repudio al fallo de la máxima autoridad judicial que ataca al derecho de huelga.

El fallo establece que “sólo los sindicatos están autorizados para convocar a la realización de huelgas y medidas de fuerza”. Se trata de una decisión reaccionaria que ataca la organización obrera y que pretende también reforzar a la burocracia sindical.

En el acto, que contó con una innumerable cantidad de adhesiones del movimiento sindical combativo,  participaron una gran cantidad de dirigentes y activistas de gremios, seccionales y comisiones internas de distintos sindicatos. Fue realizado como el paso inicial de la campaña nacional que se ha lanzado desde el clasismo y la izquierda contra este fallo de la Corte y, al finalizar el mismo, los secretarios de sindicatos presentes hicieron entrega, en el Palacio de Tribunales, del primer bloque de firmas de trabajadores que repudian esa medida de la Justicia.

Ileana Celotto, secretaria general del sindicato de los docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), quien condujo el acto, destacó que el pronunciamiento contra el fallo está recorriendo y siendo firmado en todo el país.

“No vamos a detenernos”, agregó, “vamos a seguir adelante contra esta medida de la Corte, que atenta contra la organización y la lucha de los trabajadores y que viene a reforzar el unicato sindical. Esto –dijo- cuando la burocracia que dirige la mayoría de los sindicatos discute su unidad, contra los trabajadores y cuando se acrecienta en diferentes ramas de la industria, entre los estatales y los docentes la batalla por los salarios y contra los despidos”.

La secretaria general del Suteba Matanza, Romina del Pla dijo que la Corte y el gobierno temen a la creciente reacción de los trabajadores contra el ajuste y por eso este fallo. “La huelga –señaló- es un derecho de cada trabajador, que puede llevar adelante las medidas que entienda necesarias para la defensa de sus intereses y el Estado no tiene ninguna potestad para decir quién puede y quien no puede ejercerla”.

Destacó también las grandes huelgas de los docentes que se desarrollan en distintos puntos del país, desde Tierra del Fuego hasta Santiago del Estero y desde Mendoza hasta Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner. También repudió la intervención del gobierno chaqueño de los Capitanich al sindicato docente combativo de la provincia, el Sitech Federación.

Un representante de la Mesa Nacional de Jubilados que desde hace 10 años marcha frente a Tribunales en reclamo de sus derechos, que habló a continuación, destacó que “el mismo gobierno aceptó que hubo 75 mil jubilados –entre ellos mi propio padre- que murieron sin recibir Justicia, es decir que fallecieron antes de que el Anses les pagara lo que ellos habían reclamado por la vía judicial. Eso se llama genocidio, por parte de la Corte”, recalcó con firmeza.

Denunció también el decreto de Alfonsín que les quitó derechos a los jubilados y al gobierno de Menem que le entregó bonos devaluados a los jubilados, que luego fueron utilizados para comprar las empresas del Estado.

También intervinieron un delegado del gremio telefónico, el secretario adjunto de la Unión Ferroviaria-Seccional Haedo, la secretaria adjunta de ATE Sur, un compañero de la Línea 60, el secretario general del Suteba Tigre y un integrante de la Junta Interna de ATE-Mecom donde, desde hace meses vienen luchando contra los despidos decididos por el ministro Prat Gay.

En el cierre del acto, el secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo,  dijo que, para el Sutna, recuperado de manos de la burocracia, “era una obligación ineludible realizar un llamado a todo el movimiento sindical combativo para que comenzáramos una campaña contra el fallo antihuelgas y así lo hicimos”.

“Estos jueces –agregó- que no son parte de la clase trabajadora, que no piensan como ella, que no sienten como ella y que no tienen que soportar el hambre como ella, no tienen ningún derecho a decirle a los trabajadores que es lo que tienen que hacer”.

“La Corte –dijo Crespo- pone a la Justicia en línea con el veto presidencial a la ley antidespidos, el mantenimiento del impuesto de Ganancias en los salarios, la reforma a la ley jubilatoria, los tarifazos y la inflación, la reforma en accidentes de trabajo, todo el paquete contra los trabajadores”.

Entre las múltiples adhesiones leídas estuvieron las de la Conadu Histórica, de Leonardo Varela, de la Asociación Docente de Luján, del Sitraic, de las comisiones internas gráficas de Interpack, Morvillo y AGR-Clarín, de ATE desde Abajo, de la Verde-Roja Negra de ATE, de AGD-UBA, de la Junta Interna de ATE-INTA, de la Agrupación René Salamanca y de la agrupación Jubilados Clasistas.