El ministro de la nación Dante Sica, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y las cámaras patronales petroleras firmaron esta semana un acuerdo anti huelga con tres de las cuatro direcciones sindicales de la rama: las de Julián Matamala (de Jerárquicos), Julio Reynoso (Supeh) y el ex senador provincial del FpV José Escoda (estaciones de servicio). No fue parte del acuerdo el Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo. 

Se trata de la antesala para la concesión de pozos no convencionales (Fracking) y particularmente de la lengua Norte de Vaca Muerta, que ocupa gran parte del sur mendocino.

El acuerdo extiende a la zona de Cuyo la entregada de las conducciones petroleras en la Patagonia, en pos de darle “tranquilidad” e “incentivar la inversión” de las multinacionales en la exploración y explotación. Compromete a los sindicatos a “evitar la realización de medidas de acción directa, en cualquiera de sus formas y naturaleza” -incluso en contextos de lucha más amplios, como un paro nacional- y establece la adhesión a la adenda al convenio colectivo de trabajo de 2017 que ya fuera firmada por la burocracia de Neuquén para Vaca Muerta, y luego en Chubut y Santa Cruz, que avala la reducción de personal, la polifuncionalidad de tareas y la re discusión de los convenios colectivos y acuerdos por sector para bajar el “costo laboral”.

Con el pacto, pretenden imponer la completa “paz social” en la destilería de Luján de Cuyo, controlada por el Supeh (que con casi 4 mil obreros es la segunda más grande del país); en todos los emprendimientos de las tercerizadas y en las estaciones de servicios y afines.

Ataques antiobreros en medio de la crisis

En un cuadro de caída internacional del precio del crudo, la política del gobierno nacional de dolarización de los hidrocarburos y sus derivados -dictada por Total, YPF y Pan American Energy- significó una importante fuente de ingresos para las administraciones provinciales: las provincias petroleras tuvieron ingresos récord en concepto de regalías, que les permitieron capitanear sus rojos en las cuentas. Por caso, la provincia de Neuquén saneó contablemente sus pasivos y Mendoza experimentó casi una triplicación de ingresos por regalías, alcanzando en el Presupuesto 2019 el 10% de los ingresos provinciales.

En el mismo sentido es que se impulsa actualmente la discusión para habilitar la megaminería metalífera a cielo abierto. En este cuadro se ha creado un principio de choque de las patronales que operan en Mendoza, con la disputa por el monopolio del uso y distribución del agua entre los capitales metalúrgicos, petroleros y mineros, de un lado, y el agrario (particularmente el vitivinícola) del otro. 

La crisis se abre en dos frentes. Por un lado, la inviabilidad de sostener precios dolarizados -luego de dos años de tarifazos escandalosos, que colocan a la población e incluso a las pymes en la imposibilidad objetiva de hacer frente a los pagos- ha supuesto la vuelta a los subsidios estatales, poniendo en jaque la política acordada con el FMI de reducción del déficit fiscal. 

Por el otro, esta aplicación de la reforma laboral promueve una ebullición entre los trabajadores petroleros, que ya han visto recortados sus derechos y salarios. Para botón de muestra está la fuerte agitación que recorre los pozos, emprendimientos y la destilería en ocasión de los paros nacionales, y la adhesión masiva que recogen los piquetes de camioneros en los portones de la destilería. El ingreso a la escena política del proletariado petrolero es cosa seria para Cornejo y las patronales petroleras, que buscan contenerla con estas clásulas de paz social.

Desarrollo nacional vs saqueo imperialista

Tras la firma del acuerdo, Cornejo anunció que está dispuesto a relegar parte de las regalías -una política que impulsa desde que asumió, pues condonó deudas millonarias a YPF y les redujo la alícuota de ingresos brutos. El acuerdo firmado aparece pues como la garantía jurídica y material para el saqueo imperialista de los recursos hidrocarburíferos de Mendoza. Por eso requiere maniatar a los obreros petroleros a través de las burocracias enquistadas en las organizaciones obreras.

Se impone la deliberación y organización independiente de los trabajadores petroleros para defender, en primer término, su salario y puestos de trabajo. Esta lucha es inseparable de la pelea por la nacionalización de los hidrocarburos y el control de todos los pozos y destilerías por parte de sus trabajadores, como paso para el desarrollo energético e industrial de la nación. Solo bajo la dirección del proletariado se pueden impulsar estas tareas.

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