En el día de hoy, las cámaras empresariales petroleras y las direcciones de los sindicatos petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa y de Chubut se aprestan a firmar un acuerdo ruinoso para los trabajadores del sector. No lo firmarían, en cambio, los dirigentes del sindicato petrolero de Tierra del Fuego y de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, que tiene su masa de afiliados en las refinerías.

El acuerdo consiste en que, durante 60 días, quedará suspendida la mayoría de los obreros petroleros, quienes pasaran a percibir el equivalente a su salario básico, el diferencial por zona desfavorable, más una vianda de ayuda alimentaria por día, que ronda los 600 pesos. Con este esquema, de mínimo, las reducciones salariales de los trabajadores petroleros superarán el 50%. En algunos casos, sin embargo, las reducciones pueden llegar hasta el 70 u 80%, ya que el básico de los peroleros es muy bajo. En Neuquén, por ejemplo, los básicos rondan entre 20 y 35 mil pesos. Los trabajadores hacen una diferencia salarial sustancial con los días trabajados en el campo, es decir, en los yacimientos. Si un trabajador venía sosteniendo en los últimos meses varios días de trabajo en el campo, la reducción de sus ingresos será descomunal.

La diputada neuquina del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Patricia Jure, se refirió al acuerdo como “inaceptable” e hizo la siguiente reflexión: “Nadie desconoce la crisis que atraviesa la industria petrolera, pero no puede ser que otra vez sean los trabajadores los encargados de pagarla. Durante los últimos años, las empresas han amasado ganancias extraordinarias. Se beneficiaron con precios dolarizados de los combustibles, que pagaron los consumidores con tarifas exorbitantes y con una flexibilización laboral criminal que se les impuso a los trabajadores. Nosotros defendemos que se sostenga la cuarentena generalizada en la industria, con las actuales guardias mínimas, que se paguen los salarios al 100% y que no se despida a nadie”.

Acompañando a ese pliego de reivindicaciones urgentes e inmediatas de los trabajadores petroleros, la dirigente del PO y el FIT-U desarrolló un programa integral para la industria: “Hay que nacionalizar, sin pago ni indemnización, todas las empresas operadoras que, a pesar de haber sido las más beneficiadas en todo el último período, son las que no están cumpliendo con los compromisos que tenían asumidos antes de la cuarentena. Una operadora única estatal, bajo el control de los propios trabajadores, podría garantizar los compromisos asumidos y evitar que se rompan las cadenas de pago. A su vez, es necesario que se abran los libros de contabilidad de todas las empresas productoras y de servicios. Aquellas que, a pesar de que se les respetan los pagos, igualmente entran en quiebra, es necesario estatizarlas, garantizando la continuidad laboral de todos los trabajadores”.

Patricia Jure justificó esta “medida radical”, no sólo para poder garantizar la cuarentena, el cobro del 100% de los salarios y la defensa de los puestos de trabajo, sino también por la necesidad de “ofrecer un plan de conjunto a la industria petrolera argentina, en un marco de derrumbe del mercado mundial de petróleo”. La nacionalización del recurso, concluyó Jure, “brindaría la posibilidad de que el mismo se coloque al servicio de abastecer el mercado interno, proveyendo una energía barata a toda la industria nacional”.