Con el acuerdo de todas las direcciones de los sindicatos aeronáuticos, Aerolíneas-Austral formalizó la suspensión de unos 8.000 trabajadores durante los meses de junio y julio.

A través de un comunicado, la patronal aclara que se cobrará el 100% del ingreso de bolsillo como suma no remunerativa, es decir, sin pagar los aportes y contribuciones previsionales, ART, y otros ítems. Los sindicatos, en otro comunicado, celebraron que las suspensiones serán “sin afectar los ingresos de bolsillo y asegurando el pago total del aguinaldo”, y expresaron su satisfacción: “Nuevamente, entablando un diálogo maduro… demostramos ser parte de las soluciones, sin resignar nunca la defensa de los intereses de los trabajadores “. ¿Es así?

Llamativamente, fuera de estos comunicados no se conocen los detalles del acuerdo hasta el momento. Si nos atenemos a lo manifestado por la patronal, el pago del 100% se hará sobre los salarios de mayo, que sufrieron una poda del 10% por no abonarse los viáticos ni los rubros correspondientes a tarea específica. Ese descuento lo sufren también quienes sin estar suspendidos ingresaron a la condición de licenciados por ser mayores de 60 años o por pertenecer a grupos de riesgo por afecciones crónicas (diabetes, asma, cardiovasculares, etc.). Tampoco se sabe si ese 100% será calculado según el neto antes o después del descuento por impuesto al salario (Ganancias), lo que puede llevar bien abajo la suma final percibida.

Pero lo que destruye completamente cualquier intento de embellecer lo firmado a espaldas de todos es que el salario de los trabajadores de Aerolíneas-Austral perdió desde el último acuerdo un 40% respecto de la inflación, y con esto se pretende archivar indefinidamente la discusión de la paritaria que venció en septiembre. Es decir que la patronal se alzó con una rebaja salarial real del 50% respecto de la inflación, mientras que solo por los descuentos a los 8.000 suspendidos se ahorrará unos 130 millones de pesos en dos meses, y por no pagar los aportes previsionales otros 270 millones. Son 400 millones de pesos que irán a los bolsillos de los bonistas o a subsidiar a los capitalistas.

Para imponer esta histórica entrega, la patronal y la burocracia sindical se valieron del cuco de las suspensiones, sembrando la alarma, así como de los rumores de “vacaciones anticipadas ” y “retiros voluntarios”.

Si bien el acuerdo refleja los límites de la patronal camporista -cuyo plan original era la rebaja salarial nominal del 25% y la destrucción de los convenios colectivos de trabajo-, las suspensiones serán usadas para dividir a los trabajadores y avanzar con la fusión/desguace de la empresa estatal. La incertidumbre sobre el futuro de los suspendidos y la ausencia completa de un plan consensuado de quiénes y en qué sectores se verán afectados son una vía libre a las gerencias para toda clase de discrecionalidad.

En un escenario de quiebras y despidos en Latam y Avianca, y con la actividad aérea paralizada, es presentado como lógico que los trabajadores acepten una rebaja salarial indirecta como el mal menor. Pero esto es el resultado exclusivo de la desinformación y desorganización promovida por la burocracia sindical. Otra escenario hubiera surgido de la realización de asambleas, presenciales o virtuales. Nuestro reclamo de que nada se firme sin mandato ni consulta a los trabajadores se muestra más acertado que nunca.

El rechazo generalizado a las demandas de “productividad”, “competitividad” y “rentabilidad” del presidente Pablo Ceriani (discurso esgrimido hasta diciembre por el ajustador macrista Luis Malvido) se expresó en todos los sectores, pero sobre todo en Austral. El comunicado del Cuerpo de Delegados de Austral APTA denunciando la política del gobierno que financia a las empresas, paga la deuda y ajusta a los trabajadores, es un reflejo de lo que ocurre por abajo en todos los sectores.

La lucha recién comienza. La confusión inicial será superada si ponemos en marcha una deliberación organizada en cada sector, para rechazar lo firmado. El centro del debate es rechazar la idea de que Aerolíneas debe ser rentable y no una empresa que garantice los servicios de transporte aéreo como impulso de la economía del país, su conectividad y accesible a los trabajadores.

La plata que nos saca el gobierno irá al pago a los buitres, no a la atención de la salud ante la crisis sanitaria. En oposición a este ajuste, desde La Pista apoyamos el proyecto del FIT-U para aplicar un verdadero impuesto a las grandes fortunas, empresas y bancos que han fugado sistemáticamente la riqueza del país, y rechazamos el pago de una deuda usuraria e ilegitima que es un aspecto central del sometimiento nacional.