En la última semana, la patronal de Aerolíneas (Iberia) ha anunciado nuevas tropelías contra el Estado argentino y contra los trabajadores. La reestructuración anunciada por la empresa, sobre la base del estudio de la consultora Mc Kinsey, prevé una explotación más rentable de los servicios, aumento de la productividad y un mayor aporte financiero del Estado argentino: “… le reclaman (al gobierno) refuerzo financiero al sugerir que como accionista debe realizar aportes” (Clarín, 13/2). También exigen “proteger la posición actual de AA y Austral en el mercado de cabotaje”, invocando… “una batería legal que nos respalda. Hay pactos que se firmaron y que ahora no se pueden desconocer” (ídem).

Simultáneamente, trascendió que el balance de AA (al 30/6/92) arroja pérdidas, con una reducción del patrimonio de 97,47 millones de pesos. El grueso del pasivo comprende a los préstamos de bancos extranjeros (466 millones de dólares), “que deben ser saldados con la caja de la compañía de la cual el Estado tiene un 43%” (Página 12, 12/2). En parte, el déficit se habría corregido con aportes de capital, “operación bastante cara para el Estado que recuperó parte de la compañía condonándole deudas a la adjudicataria” (Iberia) (ídem).

La política de Iberia consiste en más de lo mismo: trasladar al Estado las deudas y quebrantos del monopolio español, endosados a AA en la operación de “privatización” fraudulenta. El gobierno Menem-Cavallo viene aceptando todas las condiciones de Iberia y tiene en consideración el nuevo plan y balance. Ambos “fueron discutidos por Domingo Cavallo, Amadeo Rivas y Miguel Angel Derqui durante un encuentro reservado” (Página 12, 12/2). Se marcha a una nueva capitulación.

La burocracia sindical es cómplice

Las direcciones de los gremios aeronáuticos han entrado en todas y cada una de las bicicletas armadas por la empresa y el gobierno para impedir la reacción de los trabajadores. Conciliación obligatoria, “procedimiento de crisis empresaria”, declaración de servicio público, etc. Las direcciones gremiales “acataron” estas disposiciones en nombre de la legalidad, mientras la patronal se pasaba por el traste las intimaciones ministeriales, produjo licenciamientos ilegales, dividió el pago del salario y atacó a los gremios (licenciamiento de la dirigente Castro de AAA). Ahora las directivas gremiales se sientan a discutir con la empresa la “reestructuración productiva”, sin que se haya reincorporado a uno solo de los 800 licenciados.

La política de la burocracia configura una línea consciente de colaboración con la patronal y de  desmoralización de los trabajadores. No es cierto, como declaran, que apuestan a una modificación de la actitud empresaria mediante la aplicación de la ley por el Ministerio. La reestructuración que se discute sólo puede significar racionalización del personal, mantenimiento de los despidos y liquidación del convenio de trabajo. Los dirigentes acordaron por escrito con la empresa esa política mucho antes de los licenciamientos, en las famosas acta-acuerdos de noviembre. Están jugados a la derrota de los trabajadores y hasta se ha fijado el precio (propiedad participada).

La voluntad de lucha

La condición para el progreso de cualquier iniciativa de lucha contra la alianza patronal-gobierno es superar esta política de derrota y desmoralización de las direcciones. La base respondió cada vez que tuvo oportunidad de luchar: paros parciales de Diciembre, resoluciones de huelga general por parte de la asamblea y luego del plenario de delegados de APTA  (técnicos), el paro con piquetes de aeronavegantes, etc.

En la última semana el gremio de las azafatas retomó medidas de protesta. Un sector de delegados opositores de personal aeronáutico (APA) emitió una declaración titulada “Somos todos licenciados”, en la que se denuncia la actitud traidora de la conducción y se propone luchar por una asamblea general y un plan de lucha.

Para avanzar hay que realizar un balance y cambiar de rumbo con relación a la política colaboracionista de la burocracia. Comisiones de trabajadores en cada base para impulsar asambleas y plan de lucha. Unificar la acción de delegados y activistas de los distintos gremios en una campaña común. Por la reincorporación de los licenciados, contra nuevas “reestructuraciones” y por la defensa del convenio, por una nueva dirección representativa de las bases.