El grupo Marsans-AA acaba de lanzar un plan de guerra contra los trabajadores de Aerolíneas que deja hecho un poroto al repudiado “Plan Director” de la Sepi.

Marsans exige una rebaja salarial de hasta el 25% sobre todos los componentes salariales (tickets, viáticos, premios) y la reducción del pago de horas extras, sin ningún piso que excluya a los que menos ganan. Reclama, además, “recortar otras prerrogativas laborales” (Página/12, 27/10), lo que significa alargar la jornada de trabajo así como más “flexibilidad” y “productividad”. Naturalmente, como las jornadas más largas y los ritmos de trabajo más intensos producirán un “sobrante” de trabajadores, Marsans procederá a despedir. Lanza esta verdadera declaración de guerra amparándose en la convocatoria de acreedores declarada por la Sepi.

Hipócritamente, Marsans afirma que no se trata de una rebaja de sueldos sino de un “ahorro” que podrá ser “recuperado” por los trabajadores dentro de tres años, ya sea en efectivo o en acciones. Pero esto sucederá sólo si, dentro de tres años, Aerolíneas sigue existiendo y si, además, alcanza “determinados parámetros de ingresos brutos totales (…) cierto coeficiente de ocupación de las aeronaves, horas bloque de actividad y pasajeros a transportar” (ídem). Como los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de controlar el efectivo cumplimento de los “parámetros” y de los “coeficientes”, puede anticiparse que, con seguridad, la reducción salarial no será “recuperada”.

La convocatoria también le permite a Marsans-AA renegociar sus deudas con el conjunto de sus acreedores. Con estas armas, Aerolíneas anunció que lanzará una “guerra de precios” contra sus competidores.

En estas condiciones, Eurnekian, dueño de Lapa y de Aeropuertos 2000, ha planteado integrarse como socio minoritario de AA, para lo que podría capitalizar la deuda que Aerolíneas mantiene con Aeropuertos 2000 y hacer que Marsans, a su vez, ingrese a Lapa, lo que daría como resultado la fusión de las dos compañías. La prensa especializada (El Cronista y BAE, 24/10) informa que han comenzado reuniones “exploratorias” entre los ejecutivos de ambas compañías.

La tendencia a la monopolización aerocomercial obedece a que “no existe mercado para que compitan (…) las líneas locales” (BAE, 24/10).

Un acuerdo monopólico le ahorraría a los capitalistas las enormes pérdidas en que estarían obligados a incurrir por la guerra de tarifas. Pero la monopolización aerocomercial, por una vía o por la otra, significará un enorme golpe para los trabajadores aeronáuticos: no sólo creará un “exceso” de trabajadores que irán a la calle; además, el nuevo monopolio sólo será viable, desde el punto de vista capitalista, si establece nuevos, y más altos, parámetros de explotación y flexibilidad de sus trabajadores y “eficiencia” de sus servicios (lo que significará dejar de lado las rutas y destinos “no rentables”).

Lo que está en juego no es sólo el destino de los trabajadores de Aerolíneas sino el de los trabajadores de todas las empresas, y la integración aérea del territorio argentino. Más que nunca está planteada la Asamblea General Aeronáutica, de todos los gremios y de todas las empresas, para defender los salarios, las condiciones y los puestos de trabajo y para luchar por la única perspectiva verdaderamente nacional: la estatización del tráfico aeronáutico bajo el control de los trabajadores.