El gobierno de Alberto Fernández informó que realizará el pago del aguinaldo de los estatales nacionales, tanto de la administración central como de los organismos descentralizados y de las empresas estatales, en hasta cinco cuotas para salarios a partir de $80.000 brutos, unos $63.000 de bolsillo -por debajo del costo de la Canasta Familiar que mide la Junta Interna del Indec de $67.731,60 de bolsillo-.

Este anuncio tiene lugar luego del congelamiento de la paritaria del pasado 29 de mayo. Constituye un aval a las administraciones provinciales y municipales que ya emprendieron ese rumbo, como Mendoza, Neuquén y el gobierno de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez, es una precedente que podrá ser usado contra los judiciales, docentes, trabajadores de la salud y contra todo el movimiento obrero.

Rescatando al capital

La orientación del gobierno nacional se encuentra guiada por el rescate de la impagable deuda externa: hoy mismo el Ministerio de Economía dirigido por Martín Guzmán anunció que pagará el Bopomo (bono de deuda) el próximo 21 de junio por un total de $130.000 millones. Mientras rescata a los acreedores de la deuda, defoltea salarios y aguinaldos que ya cargan con la pérdida operada durante el macrismo. Fernández no solo no recompone aquella perdida, sino que la profundiza e introduce nuevos niveles de pauperización entre los estatales.

El rescate al capital no sólo se expresa en las garantías del repago de la deuda (congelamiento de la paritaria, suspensión de la movilidad de los jubilados) que el gobierno dirige a los bonistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo, sino que se expresa también en la utilización de los subsidios a las patronales (ATP) cuyos fondos han ido a los bolsillos, entre otros, de empresas que pueden garantizar por ellas mismas el pago de los salarios, sin la asistencia del Estado. En el episodio Vicentin, el gobierno prepara el rescate de un grupo quebrado, donde el Estado cargará con los pasivos.

La ofensiva del gobierno preanuncia nuevos ataques no solo a los estatales sino al conjunto de los trabajadores. El avance de una reforma laboral de hecho se extiende también al Estado; las reformas “estructurales” hacen al plan económico que exige el FMI. La extensión del acuerdo de la UIA con la CGT, homologado por el Ministerio de Trabajo, para rebajar salarios, forma parte de este entramado.

Mientras las direcciones de ATE Nacional (Cachorro Godoy) y de Upcn (Andrés Rodríguez) suscribieron el acta que congeló la paritaria, la dirección kirchnerista de ATE Capital emitió un comunicado crítico hacia la conducción nacional y ahora otro, señalando que “espera que los trascendidos no se confirmen” mientras celebran la intervención de Vicentin y plantean que el gobierno debe avanzar con el impuesto a las grandes fortunas, cuyos proyectos el oficialismo no ha presentado.

Que no se trata de un simple trascendido lo demuestra la existencia un expediente (EX-2020-38392751- -APN-CTAPSSP#JGM). Mientras esperan, el gobierno ataca. ATE Capital se encuentra en un brete: para diferenciarse de lo que ellos mismos llaman “la burocracia sindical” de ATE Nacional y Upcn, emiten comunicados críticos pero preservando y rescatando la orientación del gobierno.

ATE Capital debe convocar a un plenario de delegados que se pronuncie contra el pago en cuotas y contra el congelamiento de la paritaria, así como en apoyo al proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda Unidad respecto del pago a las grandes fortunas. La falta de independencia política de las conducciones de ATE y Upcn les impide levantar un programa de reivindicaciones y movilizar a los estatales contra este nuevo ajuste.

La Junta Interna de ATE Inti ha convocado a organizar una respuesta de los estatales nacionales: por la reapertura de las paritarias, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la actualización por inflación, la reincorporación de los despedidos y, por supuesto, en rechazo al pago en cuotas del aguinaldo. El planteo de un plenario nacional de todos los organismos estatales, con mandato, es fundamental para organizar la lucha y elaborar un programa.

Con esta orientación, las Juntas Internas y agrupaciones estatales organizadas en torno al Plenario del Sindicalismo Combativo impulsaron la jornada de lucha del pasado martes en todo el país.

Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, es necesario avanzar en un impuesto a las grandes fortunas en los términos del único proyecto presentado hasta ahora, el del Frente de Izquierda, así como con la expropiación sin pago de Vicentin en el marco de una reorganización económica que incluya el control del comercio exterior y el desconocimiento de la deuda externa.

Apoyemos el proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el FIT-U.

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