El ataque al aguinaldo es un nuevo episodio de la crisis en curso que deja planteado un problema de fondo: ¿quién paga la crisis?

En el sector privado restan apenas un par de días para cobro del SAC y en la mayoría de los lugares de trabajo se mantiene la incógnita sobre la forma de cobro. El gobierno ya anunció el fraccionamiento para los estatales y varias provincias emularon a Fernández. Toda una señal para el conjunto de la clase capitalista. Las Pymes desempolvaron una ley menemista que les permite fraccionarlo hasta en 3 cuotas. Sin embargo, la burguesía pretende mayores beneficios.

“Esenciales” y exportadores

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y vicepresidente de la UIA, anunció que “todo indica que el aguinaldo del sector privado va a pagarse en cuotas”. Insólito viniendo del vocero de la Copal, entidad que agrupa más de 30 cámaras de la industria alimenticia, un rubro que nunca detuvo su producción por encuadrarse en “actividad esencial” y que destina gran parte de su producción a la exportación.

De Rioja aseguró que el 75 % de las empresas no pagará en tiempo y forma. Una expresión más de flexibilidad laboral de hecho que pretende imponer la burguesía aprovechando la pandemia.

Planteó, además, todo un eje del lobby de la alimentación a la hora de reclamar asistencia estatal: “los especialistas sostienen que esta va a ser peor que la crisis del 30… el país tiene capacidad para alimentar más de 400 millones de personas en el mundo… hoy puede darse una gran oportunidad para los productores de alimentos a nivel global” y aseguró que tanto el gobierno como el empresariado tienen un visión puesta “en la reconstrucción” (El Cronista, 26/6).

El planteo es claro. Frente a la crisis le reclama al Estado mayores beneficios para las patronales alimenticias que orientan gran parte de su producción al mercado internacional. Ingresos en dólares, costos en pesos. Ganancias para las patronales, mayor recaudación para el pago de la deuda.

Lo que no explicó De Rioja fue porqué, con esa capacidad de producción, no llegan los alimentos a los sectores más vulnerables del país. Tampoco dijo nada de los negociados de las patronales que salieron a la luz con los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo, ni del salario de pobreza de los trabajadores de la alimentación.

Por otro lado, mientras los contagios crecen exponencialmente y aparecen casos en todos los lugares de trabajo sostuvo que “hemos creado ámbitos laborales sanitizados y controles personalizados. Necesitamos aislamiento con producción”.

Funes de Rioja expresó todo un programa.

“Los mercadointernistas”

Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio, por su parte, señaló que la crisis dejará en al AMBA 100 mil cierres comerciales, lo que equivale a 800 mil despidos. Adelantó que se negociarán acuerdos individuales ya que no se llegó a un acuerdo con el sindicato acerca del fraccionamiento del SAC.

Está en línea con la burocracia sindical que no quiere dejar las huellas digitales en un acuerdo marco. Después de aceptar suspensiones y recortes salariales y no mover un dedo frente a la rebaja de las jubilaciones y los despidos, frente al SAC los popes sindicales optan por tomar distancia de un acuerdo general a los efectos de evitar una exposición mayor. No es de extrañar que proliferen las declaraciones y comunicados en repudio del pago en cuotas para después dejar pasar el fraccionamiento en los lugares de trabajo, sin organizar la lucha de conjunto en su defensa.

Por otra parte, Grinman rechazó los créditos a tasa subsidiada y reclamó tasa cero. Un reclamo del conjunto de la burguesía. Sin embargo no ahorró pesimismo para el futuro inmediato. Pronosticó un aumento exponencial de la pobreza hasta un 58% y una proyección de 2 millones de desocupados pospandemia (hoy la cifra es de 1,2millón). A confesión de partes, relevo de pruebas: la burguesía no ofrece ninguna salida a las masas.

Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) representante de más de 90 cámaras patronales de la pequeña y mediana empresas industriales, reclamó tasas negativas para afrontar el SAC y direccionó el reclamo hacia el sector financiero. Un planteo que comparte con la burocracia sindical K y centroizquierdista que oculta deliberadamente que las pymes son el sector donde la explotación de los trabajadores y la informalidad toman sus formas más extremas.

Por su parte, la Cámara Argentina de la mediana empresa (Came), en un comunicado oficial, expuso su reclamo: que a las empresas con menos de 40 trabajadores el SAC sea financiando 100% a través de las ATP.

Planteó también la necesidad de créditos con fondos de la Anses a tasa cero.

La Cámara Argentina de la Construcción se pronunció a través de una encuesta: 8 de cada 10 empresas considera el pago fraccionado del SAC. Y el 31% de las mismas no sabe de dónde obtener recursos para cumplir con el pago del mismo. En criollo, no lo garantiza.

La rapiña por apoderarse de parte de los recursos estatales y descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores unifica al conjunto de la burguesía.

Con un Estado quebrado y sin recursos la lucha interburguesa tiende a agudizarse. La burguesía industrial y comercial está sometida al capital financiero con quien el gobierno está negociando un plan económico cuyo eje es el cumplimiento de los compromisos con los acreedores. O sea, derivar el ahorro y los recursos nacionales al pago de la deuda. Las contradicciones del régimen se agravarán conforme avance la crisis.

La burocracia sindical

Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros y secretario de prensa de la CGT, sostuvo en nombre de la central que “no nos cae bien la decisión del gobierno”. Escueto. De plan de lucha ni hablar.

Pero no terminó ahí. Prosiguió con un plato recalentado: “también la CGT entiende que haya actividades que tengan que negociar para privilegiar los puestos de trabajo”. La vieja cantinela para no defender el salario ni enfrentar los despidos.

"La CGT tiene una posición muy clara: no podemos acordar bajo ningún punto de vista un acuerdo sobre los aguinaldos" (…) "Pero hay una realidad. Si una empresa no funciona hace tres meses y dice que lo va a pagar un poquito ahora y un poco el mes que viene, bueno. Pero no podés acordar, como CGT, generando condiciones universales. Vamos a respetar lo que haga cada organización sindical" (La Nación, 26/6).

Mientras tanto, Acuña, cosecretario general de la CGT, fue el primero en firmar un acuerdo de cobro desdoblado.

Todo indica que la burocracia sindical no va a dejar la huella digital en un acuerdo marco. Su intención es dejar pasar el fraccionamiento cortando en fetas al movimiento obrero.

El aguinaldo además de estar amenazado en tiempo y forma de cobro arrastra el costo de una anterior entrega de la burocracia. Se trata de las suspensiones acordadas por varios gremios apegadas al artículo 223 bis. El pago del SAC se calcula en esos casos en forma proporcional.

Como se ve, el ataque a los aguinaldos es parte de un programa integral de la burguesía para descargar la crisis sobre los trabajadores. Cuenta con la complicidad de la burocracia sindical. Sin embargo la bronca recorre a todos los trabajadores.

La situación es explosiva en un cuadro inflacionario, sin paritarias, con salarios recortados y en cuotas, con más de 110 mil despidos los últimos tres meses, con contagios en aumento y falta de protocolos adecuados en los lugares de trabajo, con un sistema sanitario en vísperas de la saturación. El gobierno y la burocracia saben que están parados sobre una olla a presión.

Desde la Coordinadora Sindical Clasista en el Partido Obrero, impulsamos una fuerte campaña en defensa del aguinaldo integrada a una lucha por todas las reivindicaciones de los trabajadores con un planteo de fondo: ¿quién paga la crisis? Impulsemos el debate en las fábricas y lugares de trabajo. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!