La burocracia que dirige el sindicato petrolero de Santa Cruz hace mucho se sospecha que ha sido cooptada por elementos de la mafia narco en la provincia, que se maneja como en
otros sindicatos dominados por las burocracias criminales de este país, arreglando las diferencias a los tiros.

En Caleta Olivia el intendente Pablo Carrizo tiene cuatro meses de gobierno y el mismo día que se cumplía el aniversario de su asunción recibió un ataque a su vivienda y vehículo particular. Aproximadamente seis tiros contra su camioneta. No hay dudas que es un mensaje mafioso. Bien pueden ser la respuesta a otros atentados que en estos cuatro meses se produjeron a la sede del sindicato, con disparos y una bomba molotov, y al supermercado Proveeduría Petrolera, que es de administración de la mutual del gremio.

Hay un conflicto en el manejo del sindicato y se repiten formas que la gente de Vidal ha utilizado para dirimir diferencias con sectores de la oposición. Pablo Carrizo ¿no admite que “su gente” haya sido desplazada del sindicato y la actual conducción de Guenchenen le responde?

Mientras Vidal vacila para responder los ataques del gobierno nacional hacia los santacruceños con miles de despidos, en su sector petrolero se están dirimiendo diferencias a lo lejano oeste.

Una de las raíces de este proceder radica en la carta de impunidad que el gobierno kirchnerista les otorgó cuando en un ataque desde el Sindicato Petrolero a una columna de la Uocra asesinaron a Reynaldo Vargas, crimen que hasta hoy continúa impune.

Para frenar las mafias sindicales es necesaria una rebelión de las bases que la expulse de los sindicatos y establezca una nueva dirección sindical y la democracia de las asambleas.

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