Tras el acuerdo firmado con el FMI, el gobierno prepara una gran ofensiva contra los regímenes especiales jubilatorios de la docencia (así como de investigadores y científicos), que deberá ser enfrentada con la organización de los educadores en actividad y del conjunto de los jubilados del gremio.

Tal fue la principal conclusión de la charla abierta organizada por el sindicato docente porteño Ademys, con el especialista previsional Ismael Bermúdez, para analizar la  “carta de intención y el memorándum de entendimiento técnico entre Argentina y el FMI” y sus implicancias en materia jubilatoria.

La avanzada del gobierno contra las cínicamente llamadas “jubilaciones de privilegio” amenaza de forma particular a la docencia, cuya masa total de jubilaciones representa cerca del 60% de lo pagado por regímenes especiales.

Reforma previsional

El acuerdo con el FMI hace referencia explícita a la Ley de reparación histórica de 2016  –que, como se recordó en la charla, se basaba en un documento previo del organismo que “recomendaba” modificar la fórmula de movilidad (reemplazándola por la que se terminó votando en diciembre de 2017, que significó un robo de proporciones a los jubilados); subir la edad  jubilatoria, en especial la de las mujeres; y cambiar la fórmula de cálculo de quienes se jubilen a mediados del año próximo, pasando de un 1,5% a un 1,2% por cada año. En el pacto firmado ahora se afirma que “con la Ley de reparación histórica (…) se van a introducir mejoras para hacerlo [al sistema previsional] más sostenible”. 

La aplicación concreta de esto será, en primer lugar, el tratamiento en una comisión parlamentaria de dicha normativa, que debería derivar -antes de mayo de 2019- en la presentación de proyectos de ley  que modifiquen el sistema previsional en su conjunto. Y en segundo lugar, la apertura de otra comisión para analizar los regímenes diferenciales o especiales.

Regímenes especiales

Los regímenes especiales son aquellos que rigen actividades laborales de características particulares (por ejemplo, las jubilaciones a edad anticipada de aquellas tareas consideradas “penosas” o insalubres). En el caso de los docentes, investigadores y científicos, sus actividades son consideradas “diferenciales” y cuentan con un régimen por el cual aportan más de su salario (13%, en lugar de 11%), financiando así retiros correspondientes al 82% u 85% (según el caso) del salario y un más tempranos: en el caso de los docentes de Capital Federal, actualmente pueden jubilarse a los 57 (mujeres) y 60 años (varones) con 25 años de servicio -de los cuales un mínimo de 10 debe ser frente a alumnos.

El gobierno quiere modificar estos regímenes subiendo la edad jubilatoria. Sus referencias a la extensión de las esperanzas de vida, así como a supuestas mejoras en las condiciones de trabajo por los cambios tecnológicos, encubren que lo único que buscan es aumentar la explotación de los trabajadores. 

Según un informe de la Anses, los regímenes especiales insumen el 8,1% del total pagado de jubilaciones, del cual un 59% corresponde a las jubilaciones docentes (198.000 beneficiarios), un 3% a docentes universitarios y un 6% a investigadores. Queda claro que si el gobierno quiere avanzar con los regímenes diferenciados irá directo a esta masa de jubilaciones.

En defensa de nuestro salario y jubilaciones

La mitad de la docencia jubilada cobra menos de 20.000 pesos, mientras los que verdaderamente tienen jubilaciones de privilegio cobran en promedio $121.000 (jueces y secretarios judiciales) y $152.000 (servicio diplomático).

Si le sumamos otras implicancias del acuerdo con el FMI, como la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, la reducción de aportes patronales y la reducción de ingresos de la Anses por la caída del empleo en blanco, estamos ante un verdadero vaciamiento para justificar una reforma, atacando el futuro de los jubilados y el del conjunto de trabajadores en actividad.

Es hora de multiplicar las asambleas en cada escuela y universidad y unirnos docentes jubilados y activos por la defensa de nuestras jubilaciones, la reapertura de las paritarias, y para derrotar este acuerdo de Macri, los gobernadores y el FMI.