Desde el comienzo de la cuarentena, y amparada en la decretada esencialidad de la industria textil, la empresa algodonera Aconcagua no ha cambiado para nada su ritmo de producción. Las jornadas de trabajo en la planta de la localidad de Wilde no se han reducido, ni se ha elaborado protocolo alguno de rotación de trabajadores. Al comienzo de la pandemia, incluso, llegaron al punto de emitir permisos de circulación que falsamente decían que se producía alcohol en gel. Tampoco se cumplen las normas básicas de bioseguridad dentro de la planta: el crecimiento en maquinarias de algunos sectores en los últimos años limitó los espacios y hace imposible el distanciamiento social adecuado.

Los y las trabajadores de la algodonera cobran salarios por debajo de la canasta básica familiar, y para colmo desde el inicio de la cuarentena quienes fueron licenciados por tener hijes o familiares a cargo cobran menos del 70% de sus salarios. De esta forma, la patronal se acoge al vergonzoso pacto de la CGT-UIA-gobierno.

Dos casos de coronavirus fueron confirmados en los últimos días, por lo que debieron realizar el aislamiento domiciliario algunos de los trabajadores que habían estado en contacto con ellos. Pero pocos días después desde recursos humanos se dio la tarea de presionar a varios trabajadores a volver a sus puestos, a pesar de no haberlos testeado en ningún momento y de no haber cumplido el período de aislamiento. La situación se agrava con el hecho de que algunos trabajadores que habían presentado síntomas compatibles con el Covid-19, como fiebre, se los envió a su domicilio sin ninguna indicación (ni siquiera la de llamar al 148), y fueron contactados a la brevedad para volver a trabajar sin testeo ni atención médica. Luego se supo que el servicio médico contratado era el mismo de la fábrica Cattorini, la cual protagonizo un escándalo tras hacer trabajar a un operario con coronavirus que derivó en contagios.

El panorama que se vive dentro de la fábrica se completa con la tercerización laboral. Servicios de vital importancia, como limpieza, se encuentran tercerizados en una contratista, al igual que un sector de los mismos operarios nunca efectivizados, y de los cuales la empresa se desentendió al principio de la pandemia. Estos compañeros tercerizados residen en barrios “aislados” como Villa Azul, y fueron dados de baja por no poder presentarse a su puesto.

Estos atropellos de la patronal pasan sin que se pronuncie la Asociación Obrera Textil (AOT). Su secretario general, Hugo Benítez, hasta declaró que “ni los trabajadores ni los empresarios tienen la culpa de lo que está pasando y tenemos que repartir las pérdidas” (Línea Sindical, 27/4). Pero en la repartija los empresarios reciben subsidios para pagar salarios y jugosas exenciones impositivas, mientras los trabajadores reciben despidos y rebajas salariales. La comisión interna de la fabrica responde a la misma orientación entreguistam y no convocar asamblea ni instancia alguna para discutir cómo frenar los ataques de la patronal.

Los trabajadores de Aconcagua deben deliberar e intervenir con un planteo propio, en defensa de su salud y sus condiciones laborales. Debe licenciarse con goce de sueldo a todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho en los últimos siete días con un caso confirmado, con el correspondiente aislamiento y testeo. Basta de tercerización laboral, pase a planta de todos los tercerizados, sin ningún recorte salarial.

Contra la desidia de las patronales y el gobierno, es necesaria la creación de comisiones de seguridad e higiene electas en la fábrica por los mismos trabajadores, que garanticen el cumplimiento de las medidas de higiene, distanciamiento, rotación y las licencias correspondientes.