La FTV (CTA) y la CCC han hecho saber que la libertad de Emilio Alí fue fruto de un pacto con el gobierno. A confesión de partes… Ambas organizaciones se habían comprometido a firmar un convenio con el Estado por los planes de empleo y el programa para “jefes y jefas” de hogar desocupados y a integrarse en el Consejo Consultivo Nacional que los debe administrar (junto a la burocracia, el clero y el empresariado).

La decisión del tribunal de la provincia de Buenos Aires que liberó a Alí habría dado vía libre al cumplimiento del acuerdo. Lo dijo Luis D’Elía (FTV, CTA): “Fue un gesto (del gobierno), nos consta” (La Nación, 22/4). Lo había dicho antes Amancay Ardura, coordinador de la CCC: “La libertad de Emilio Alí (fue) colocada por las organizaciones como condición para la firma de cualquier convenio” (Hoy, 10/4). Un mes atrás, Duhalde habría dado un guiño al indulto, pero “al gobierno le resultó más simple la solución judicial, que operó, según confirmó La Nación, con piqueteros y con un funcionario muy cercano a Duhalde” (ídem). En la semana pasada, el gobierno cumplió otro punto de su parte en el pacto al aceptar el ingreso en forma directa, al margen de las colas, de 72.000 nombres de beneficiarios aportados por la CCC y la FTV (CTA).

Los pactistas no liberaron a Alí

Todo esto revela que hubo un arreglo y que estas organizaciones fueron a un pacto con el gobierno por la libertad del dirigente preso.

Pero Emilio Alí no obtuvo la libertad por este acuerdo. La negociación con el gobierno partió de un intento de indulto de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que fracasó al ser rechazado en bloque por diputados peronistas y radicales en función de “el peligro que implicaría conceder (la libertad del dirigente) en un contexto de creciente conflicto social” (documento reservado), un pronunciamiento que siguió al pie de la letra una línea trazada días antes en un editorial de La Nación (“No se debe indultar a Emilio Alí”, 1/4).

Tampoco el fallo de la Justicia se explica por el pacto entre la FTV (CTA), la CCC y el gobierno. El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que dispuso la libertad de Emilio, anuló por falta de pruebas la acusación de “extorsión agravada” originada en la supuesta amenaza a un almacenero de Mar del Plata y quitó una de las acusaciones planteadas por la movilización de su organización (UVO) ante un supermercado pidiendo comida y alentando el cumplimiento de la huelga general dispuesta para ese día. Pero la línea jurídica original llevada adelante por los firmantes del pacto con el gobierno había dejado justamente de lado atacar la acusación de “extorsión agravada” por considerar que se trataba de un delito común (reportaje al Dr. Sivo, Página/12, 6/4). Sólo un vuelco en esta línea, que se orientó, esta vez sí, a denunciar la absoluta inconsistencia de la tesis de que Emilio no era un preso social sino un delincuente común, dio paso al fallo que dispuso su libertad y que Clarín caracterizó como un “vuelco procesal imprevisto” (5/4).

El dirigente piquetero marplatense fue, en el último período y en particular luego de la rebelión del 20 de diciembre, el centro de una campaña internacional que lo tomó como emblema de la causa de los detenidos y procesados por luchar en la Argentina, haciendo hincapié en su origen inmensamente humilde y su carácter apartidario.

Por todas estas razones, el pacto de la CTA y la CCC con Duhalde no sacó a Emilio Alí de la cárcel. Ese pacto sostuvo la línea jurídica de no cuestionar la acusación de “extorsión agravada”, lo que dejaba a Alí preso. A Emilio lo sacó un giro político en la defensa jurídica y la consecuente movilización popular, junto a la desintegración del régimen político y judicial.

Un fallo antihuelgas

Aún disponiendo la libertad de Emilio Alí, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires falló contra el movimiento de lucha de los trabajadores. Los jueces (dos sobre tres) ratificaron que la movilización de desocupados concretada el 5 de mayo del 2000 frente a un supermercado de Mar del Plata reclamando alimentos y el cumplimiento del paro general convocado para ese día entraña el delito de “coacción agravada”, por lo que confirmó la pena de dos años y medio de prisión (en suspenso) contra el dirigente piquetero.

Se trata del primer fallo en la provincia de Buenos Aires de esta naturaleza, y contrasta con el fallo de la Cámara Nacional de Casación que dispuso, tiempo atrás, la absolución de los luchadores en el juicio por una ocupación de ruta en Comodoro Rivadavia (fallo Natera-Gati). Forma parte de una lucha política e ideológica que recorre toda la última década y en la que la burguesía pretende ilegalizar el corte de rutas por “obstruir el tránsito” o alterar el orden público, es decir, la seguridad del Estado, llegando hasta la acusación de sedición y colocar fuera de la ley los piquetes frente a los supermercados invocando el delito de “coacción”. No casualmente el origen histórico de la figura de coacción corresponde al gobierno de Isabel-López Rega y fue concebido para actuar contra las ocupaciones de fábrica de ese período en nombre de la “libertad de trabajo”. Para esta corriente de pensamiento, Emilio Alí no es un preso social y, como planteó el fiscal general adjunto de Mar del Plata, acusador de Alí, “una cosa es peticionar y otra muy distinta intimidar” (El Día, 20/3), como si manifestar por cualquier reclamo, y más por uno que hace a la subsistencia, no fuese un derecho elemental (por eso los defensores consecuentes de los luchadores enarbolan sistemáticamente el artículo 34 del Código Penal, que dice que una acción “no es delito cuando hace al ejercicio legítimo de un derecho”).

En su momento La Nación se había pronunciado tajantemente contra la posibilidad de un indulto o conmutación de penas a Emilio Alí, defendiendo las acusaciones de “coacción” y “extorsión” contra los protagonistas de los piquetes o los cortes de ruta. El fallo de los jueces se orienta en esta dirección, colocando en la ilegalidad la acción del piquete de la UVO que, en Mar del Plata, actuó en función del cumplimiento de la huelga general y de la subsistencia de las familias desocupadas, es decir absolutamente “a derecho” de la clase obrera.