Las bajas se inscriben en la política del Rectorado y el Consejo Superior que, desde diciembre del año pasado, pretenden cesantear a más de 700 docentes interinos o con concursos vencidos, desconociendo la Ley 26508 del 82% móvil, que consagra el derecho de todos los docentes universitarios a optar por permanecer en el cargo cinco años más tras cumplir los 65.

Tal derecho fue promovido por los docentes universitarios para contemplar las situaciones de los compañeros que no completaron sus aportes o de quienes, en plenitud de su capacidad intelectual y creativa, quieren optar por seguir ejerciendo la enseñanza y la investigación.

El Rectorado desconoce este derecho, amparándose, por un lado, en una versión deformada de la autonomía y, por el otro, tal como lo expresó el rector Rubén Hallú al polemizar con la AGD, en la necesidad de la "renovación generacional". O sea, en una "guerra del cerdo".

Lo que no dicen ni el Rectorado ni el Consejo Superior es que el núcleo duro de toda su política de cesantía apunta a desconocer el principio de estabilidad laboral que garantiza el derecho a opción.

Los docentes universitarios, que carecemos de un convenio colectivo de trabajo, enseñamos e investigamos en la más brutal inestabilidad laboral. Ya sea porque en más de un 70% permanecemos interinos por años (ante la no convocatoria de los concursos de nuestros cargos) o porque los concursos se han convertido en un mecanismo de expulsión en un cuadro de congelamiento de cargos.

Fue la intensa campaña de la AGD -con presentaciones judiciales, denuncias en el Congreso y en los medios y, sobre todo, con la organización y movilización de los docentes amenazados- la que frenó la cesantía masiva que el Rectorado tenía programada para fin de marzo de este año. El miércoles pasado, en un retroceso parcial, el Consejo Superior aceptó la renovación de todos los cargos docentes que estaban en esta situación, pero sólo hasta fin de junio.

El "error" en la baja de Grüner despertó una enorme movilización y solidaridad de los compañeros de la Asamblea de Intelectuales en apoyo del Frente de Izquierda, que organizamos un petitorio que, en pocos días, ha recogido cerca de 1.500 firmas de una amplísima representación. Una manifestación concreta del impulso que la Asamblea puede dar a la lucha de los reclamos de los trabajadores y, en particular, de los docentes universitarios.

La amenaza de las cesantías sigue pendiente. La última asamblea de AGD votó la realización de una gran clase para el viernes 1º de junio, a cargo de los docentes a quienes el Rectorado quiere dejar en la calle. Con los compañeros y las compañeras adentro, tenemos que continuar con las denuncias, el petitorio y la movilización. Vamos por la plena vigencia del derecho a opción. Ninguna cesantía en la UBA.