En una reciente entrevista para el portal LetraP (20/5), el máximo dirigente de la gremial estatal UPCN, coleccionista de caballos y miembro de la Sociedad Rural, Andrés Rodríguez, se mostró completamente alineado con los planes de ajuste que el gobierno y el FMI descargan y descargarán sobre los trabajadores.

En el extenso intercambio dio cuenta –con el matiz de algunas críticas aisladas- de su compromiso estratégico con la orientación económica y política del macrismo: reducción del déficit fiscal, paritarias a la baja, reforma laboral y previsional, “gran acuerdo nacional” y que no haya paro nacional parecen ser las principales preocupaciones de Rodríguez. 

Una de sus declaraciones más contundentes es cuando sostiene que “se puede decir que muchos gremios que han firmado por el 15% le han hecho un gran aporte a la tranquilidad del país”. Es decir, le importa mucho más la “gobernabilidad” de Macri que el deterioro salarial del movimiento obrero.

También cabe remarcar que se muestra favorable en “vigilar el déficit fiscal”. Agrega solamente que es importante mirar el “costado social” (?) que eso ocasiona, pero en ningún lugar de la entrevista menciona las decenas de miles de despidos que ha habido en el Estado. Léase: un cheque en blanco para que el gobierno nacional y los provinciales sigan avanzando con esa política. No sólo eso: incluso niega la precariedad laboral que existe en la administración pública al decir que no hay más contrataciones por monotributo, avalando el fraude laboral que eso significa.

Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista refiere al tratamiento de la reforma jubilatoria y de la actitud que tomó la CGT durante las jornadas del 14 y 18 de diciembre. No sólo porque en ningún momento esboza ni una mínima crítica a la repudiada reforma, sino porque confiesa cómo el vuelco masivo de trabajadores a las calles provocó una crisis en el triunvirato de la CGT. Admite que la CGT se “contagió” y se vio arrastrada “a una situación que no había decidido”.

De cara a la ofensiva que el gobierno prepara, admite que aprobaría los proyectos que envió el gobierno sobre reforma laboral, criticando únicamente el ítem de reducción de indemnizaciones. Y a pesar de que sostiene que existe un “ajuste muy fuerte, una pérdida real del poder adquisitivo y un aumento brutal de las tarifas”, considera que un paro general sería “una acción apresurada [que] puede terminar como un búmeran para el campo laboral.” Un eufemismo para evitar decir que a lo que realmente le teme es a una acción independiente del movimiento obrero que termine sobrepasando la contención de la burocracia sindical. Por ello reclama ser parte del “Gran Acuerdo Nacional” que propone el gobierno.

Ante la pregunta sobre si aceptaría que sectores de la CTA, como ATE Capital, se integren a la CGT, no lo dudó: sí, siempre y cuando respeten “el modelo sindical argentino”, es decir, el verticalismo y la falta de democracia sindical que caracteriza a la mayoría de las conducciones sindicales. El acercamiento entre estas burocracias no es algo nuevo, como lo demostró la reivindicación de Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital) a Andrés Rodríguez.

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En momentos donde los estatales nacionales deberíamos estar en un plan de lucha contra los despidos y para quebrar el techo salarial impuesto por el Gobierno, UPCN y Andrés Rodríguez pican en punta para ofrecerse como garantía de contención a las luchas que surgen de la base de los trabajadores. 

Sin embargo, a esta política se le opone la voluntad de luchar que se manifiesta en el triunfo de los mineros del Turbio, en la huelga de los docentes de Neuquén o en la lucha que siguen sosteniendo los trabajadores de Senasa y Agroindustria. Para colaborar con esta tendencia los sectores combativos vienen realizando reagrupamientos de lucha como el realizado en Neuquén y el que prepara el Sutna. Sumemos con todo a esta perspectiva.