El pasado viernes la ministra de Salud de Mendoza, Ana Nadal, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en la especialidad de anestesiología. El mismo pretende extender el plazo de aceptación de renuncias, excluir del sistema a quienes renuncien y convocar a exresidentes y profesionales jubilados para cubrir los servicios en la provincia. Se trata de una medida que busca aleccionar a las y los anestesistas que vienen reclamando mejoras salariales.

De esta manera, el gobernador Rodolfo Suárez busca cerrar el conflicto con los profesionales que reclaman un aumento salarial y que lleva más de 75 días, cuando empezaron las protestas con renuncias masivas a las prestaciones en los hospitales públicos. La ley busca forzar a los anestesistas a trabajar para el Estado con el argumento de la falta de profesionales y garantizar la atención en los hospitales. Esto es una impostura, ya que plantea expulsar del sistema por 5 años a quienes renuncien a sus puestos. Es decir, combatir la falta de profesionales echando profesionales. Pero también es un intento de disciplinar a quienes luchan por mejoras salariales, para consolidar los sueldos de miseria que tiene el conjunto de trabajadores de la salud.

Importante convocatoria de #AnestesistasAutoconvocados
Rechazan la ley que refuerza la miseria salarial y profundiza la privatización de la Salud.
Suárez y Nadal son responsables de los 5.000 pacientes que esperan ser operados. pic.twitter.com/PPH3TLGf8A

— Víctor da Vila (@VictordaVilaPO) May 16, 2022

Tampoco es cierto que el gobierno de Mendoza esté preocupado por la atención de la población. Es el ajuste sobre el presupuesto de salud, y sobre todo el ajuste en el salario de sus trabajadores, el que está llevando a un éxodo de profesionales a otras provincias y países o simplemente hacia el sector privado. Se trata de una política consciente de vaciamiento de la salud pública que afecta a muchos sectores más que los servicios de anestesiología. Esto se traduce en las pésimas condiciones en las que muchas veces se atiende la población. Pero también lleva a la privatización de servicios que cierran por falta de personal.

Obligar no es solución a nada. La pérdida del poder adquisitivo del salario, en un contexto donde la inflación anual partirá de un piso de cuanto menos entre un 65% y un 70%, seguirá empujando a sectores profesionales a abandonar la provincia. La ministra solo patea el problema para adelante sin dar respuesta a las cuestiones de fondo.

Según algunos medios, el peronismo provincial estaría analizando acompañar este proyecto de ley, habilitando su tratamiento sobre tablas en el día de mañana. No sería la primera vez que salgan a respaldar una iniciativa del radicalismo.

Hay más de 5 mil personas esperando a que se resuelva el conflicto para poder ser operados. El gobierno es el único responsable de que se prolongue esta situación. Debe retirar el proyecto de ley y dar inmediata respuesta al pedido de recomposición salarial.

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