En el marco del plan de ajuste anunciado por la petrolera estatal YPF, ya desde ayer (miércoles 9) comenzaron a mandarse los telegramas de despidos en las contratistas de la cuenca neuquina. Trascendió que las cesantías alcanzarían a 1.000 trabajadores: 400 en Rincón de los Sauces, 300 en Cutral Co y Plaza Huincul y otros 300 en Catriel (La Mañana de Neuquén, 10/5).

Las cesantías afectarían a los trabajadores de pozos convencionales, ya maduros (en algunos de los cuales el porcentaje de agua en las extracciones llega a alcanzar el 70%), en un escenario en que las empresas se desplazan a los yacimientos no convencionales y se concentran en el gas –para el cual el gobierno nacional viene de garantizar un abultado precio de 7,5 dólares por millón de BTU.

El burócrata neuquino del gremio y senador nacional por el MPN, Guillermo Pereyra, “amenazó” con una resistencia dudosa de toda duda. Él mismo admite haber dejado pasar 1.700 despidos en YPF en 2017, encubiertos como “retiros voluntarios” (ídem), mientras que viene de firmar de forma inconsulta una paritaria miserable de 15% en dos cuotas (que contrasta con las millonarias ganancias patronales derivadas de los tarifazos y beneficios estatales de todo tipo). Se trata de la burocracia que firmó la adenda ultra-precarizadora de la actividad, vanguardia de la reforma laboral negrera, y que es responsable de la pérdida de un 40% de poder adquisitivo del salario petrolero en los últimos cinco años.

Está planteada una lucha a fondo contra los despidos y por la reapertura de paritarias, a través de medidas de lucha definidas por la deliberación de las bases.

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