Apenas se desencadenó la represión contra la pueblada de Las Heras, viajamos con el propósito de asistir jurídicamente a los compañeros petroleros.

 

Desde el vamos, el Estado santacruceño se jugó a fondo para manipular la investigación por la muerte del agente policial Sayago. En las primeras veinticuatro horas posteriores a su deceso, se dejó liberada la escena del crimen, permitiendo la desaparición de pruebas y que se “plantaran” otras. Días más tarde, uno de los delegados, Héctor Cabana, fue conducido en un auto sin chapa a un interrogatorio realizado por la Brigada de Investigaciones de la policía provincial, en un lugar ajeno a la policía (nota aparte). En una reunión posterior de los delegados con Apel, redactamos una denuncia por apremios ilegales y coacción agravada, que fue presentada ante la jueza de la causa, con gran repercusión en la zona. La decisión del compañero Cabana de denunciar a la brigada, y la firme actitud de quienes lo acompañaron, han reforzado en estas horas el ánimo de todos los compañeros.

 

En lo que refiere al conflicto obrero en sí mismo, el levantamiento de la huelga no canceló la lucha, y también en el aspecto legal hay mucho que hacer. El día lunes, sólo cincuenta de los doscientos trabajadores petroleros de las “tercerizadas” pudieron entrar a trabajar. Ello, con el argumento de que “no había tarea para todos”. Pero los cincuenta resolvieron no tomar tarea en esas condiciones. Allí mismo, organizamos una “batería” de telegramas exigiendo a la patronal que clarifique la situación laboral de todos. El miércoles por la mañana, habían entrado todos los compañeros.

 

Ahora, la batalla por la legalidad de la lucha obrera inicia otro capítulo: empezamos a luchar por el retiro de la Gendarmería. La presencia de un verdadero ejército armado a la vera de los pozos constituye no sólo una grave amenaza para la seguridad laboral, sino también un peligro para toda la población de Las Heras. Los vehículos de la Gendarmería se pasean por campos afectados por una elevada concentración de gases, sin el debido acondicionamiento de los vehículos a las normas de seguridad vigentes. Si se produjeran explosiones, su magnitud arrasaría con el pueblo de Las Heras. También en este caso iremos a la Justicia.

 

En una ciudad donde quieren imponer el miedo y la derrota, Apel puso su “grano de arena” contra el Estado policial y sus mandantes.

 

Desde Las Heras