Sindicales
6/3/2020
Apps de reparto: preparan una regulación para formalizar la precarización laboral
La semana entrante se conocerían los detalles del proyecto elaborado por el gobierno que coloca a los repartidores por fuera de la ley de Contrato de Trabajo.
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Un artículo publicado el día de hoy en el periódico ámbito financiero adelanta cuáles serían los principales ejes del proyecto de regulación de las plataformas digitales de reparto que hoy emplean alrededor de 80 mil trabajadores. El proyecto está siendo confeccionado por la cartera de Trabajo y será enviado la semana próxima al Congreso para su discusión.
La medida afectaría a las plataformas como Glovo, Rappi, UberEats y Pedidos Ya, e implicaría la primera regulación del mundo en esta materia. Lo que aparece como un avance ante el vacío legal del cual abusan las empresas –los trabajadores son conminados a actuar como monotributistas y son objeto de distintas arbitrariedades y represalias por parte de las empresas- implica también un mecanismo por el cual formalizar un régimen flexibilizado para un sector atravesado por una creciente organización e acción de los trabajadores.
Por fuera de la LCT
El proyecto prevé una regulación especial bajo la modalidad de un estatuto de la actividad, la cual se encuadraría por fuera de la ley de Contrato de Trabajo. Es la misma modalidad que hoy se encuentra vigente para vulnerar los derechos de distintos colectivos laborales en el ámbito privado, como es el caso del personal de casas particulares, peones rurales y trabajadores de la construcción. Por esta vía se crearía un régimen especial donde las garantías y derechos laborales, conquistados por el movimiento obrero, no estarían asegurados para los trabajadores de las app de reparto: una exclusión que no encuentra ningún tipo de fundamento en la naturaleza de la actividad.
Entre los lineamientos que han trascendido se prevé el establecimiento de una jornada de máxima de 48 horas semanales, que trataría de poner límite a la superexplotación en jornadas extendidas, y extenuantes, que son el único recurso que tienen los trabajadores para asegurarse un ingreso que bordee la canasta familiar. También se estipularía un descanso obligatorio de 12 horas entre cada jornada, y un día de vacaciones por cada dos quincenas trabajadas (no queda en claro con cuántas horas trabajadas se computaría cada quincena). Actualmente el ingreso promedio de un repartidor con moto en los horarios más cotizados estaría en la línea de pobreza trabajando 8 horas por día, 6 días a la semana. Para un repartidor en bicicleta (modalidad más extendida) significaría trabajar hasta 10 horas diarias, 7 días a la semana. El proyecto del gobierno no cambia mucho esta realidad, consagrando un mínimo garantizado (un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil, en función de las horas trabajadas a partir del momento del logueo) y un salario integrado por la sumatoria de entregas realizadas, kilómetros recorridos y los tiempos destinados. El proyecto resguardaría el derecho de loguearse o desloguears a voluntad del trabajador: se trata de un derecho cuestionado, cuando el mínimo garantizado es igual al monto que separa a la pobreza de la indigencia. De esta manera, la voluntad se convierte en una cuestión de supervivencia.
La regulación también incorporaría un plus del 20% para los repartidores que dispongan de sus propios medios de trabajo (bici, moto, celular) y un 10% de aumento para los días de lluvia. No está claro que la empresa se haga responsable por la pérdida o el deterioro de estos medios ni del costo de los datos móviles; mientras que el adicional por lluvia sería muy inferior a lo que hoy cobran los repartidores por exponerse a esas condiciones insalubres.
Sobre las licencias médicas se establecería un fondo de autofinanciación de cada trabajador que exime a las empresas de abonar los salarios por enfermedad o accidente. Para resguardarse, las empresas deberán cubrir los seguros de ART, en el cuadro de una actividad que expone a los repartidores a un elevado riesgo por accidentes de trabajo debido a las condiciones climáticas, el tráfico, las presiones para garantizar los envíos a tiempo, y todo tipo de amenazas a su seguridad física y psicológica.
Sobre la estabilidad laboral, se procedería a una indemnización por despido injustificado equivalente a un salario mensual (sobre la base del promedio de las remuneraciones del último semestre) por cada año trabajado. Muy por detrás de las multas y sanciones vigentes en la LCT. Si el trabajador no se loguea en el curso de 30 días de corrido perdería todo derecho a indemnización.
Sobre aportes previsionales, elementos de seguridad, horarios de comida, lugares de aseo y descanso, no hay ninguna información.
Crece la organización de los repartidores
El proyecto plantea el reconocimiento de la relación de dependencia entre las plataformas digitales y los trabajadores, y el derecho de asociación sindical. De obtenerse estos puntos estaríamos ante una enorme conquista arrancada por la organización de los repartidores, y por sucesivas acciones que se vienen extendiendo por todo el país.
Desde la banca de Romina Del Pla, diputada nacional del PO-FIT, llevamos al Congreso la discusión sobre un proyecto que beneficie a los trabajadores de reparto de las plataformas digitales, que contempla un freno a las arbitrariedades de las empresas y las modalidades que exponen a los repartidores a un daño a su salud. Y que plantea un salario básico como garantía para evitar la superexplotación, y adicionales por entrega, además de restricciones a la jornada laboral y la creación de una Comisión de Control con mayoría de los trabajadores. El mismo es el producto de una deliberación con los trabajadores organizados en la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR), y puede representar un insumo para el debate en las asambleas de repartidores.
La lucha de los trabajadores y las trabajadoras de las App de reparto ha logrado que en la argentina se discuta la regulación de una de las actividades más precarizadas en todo el mundo. La presentación del proyecto del gobierno puede convertirse en un disparador de nuevos debates e intercambios en los puntos de reunión de los trabajadores, que seguramente dará lugar a nuevas iniciativas. Con el método de las asambleas y la acción colectiva -métodos históricos de la clase obrera, como paros y movilizaciones- se pude obtener la defensa del conjunto de las reivindicaciones y derechos de los repartidores. Es ahora cuando mas urge extender la organización a todos los puntos del país.