La primera semana de noviembre, la Asamblea del ARS discutió el “pro­yecto de ley para una Sociedad de Esta­do” elaborado por un sector de la izquier­da (CCC, MST) y la burocracia de ATE (tanto nacional como provincial).

La intervención del PO en la asam­blea aclaró dos cuestiones fundamen­tales: a) el proyecto de ley de “Sociedad de Estado” da poderes absolutos al di­rectorio, nombrado por el gobierno, pa­ra formar “uniones transitorias de em­presa” y tercerizar los trabajos del As­tillero. Sin esperar a la “Sociedad de Estado”, y como adelanto, Alonso, el gerente comercial —un hombre de Solá— saboteó trabajos del ARS derivándolos a un astillero privado, b) El go­bierno quiere dividir al nuevo cuerpo de delegados fajándole su propia “agen­da”: cambiar el estado jurídico del ARS para avanzar en su privatización (So­lá, quien planteó la transformación del ARS en sociedad anónima, luego acep­tó la variante de la “Sociedad de Esta­do” con asociaciones empresariales privadas como un “paso adelante”).

Viendo la asamblea perdida, la bu­rocracia de ATE, la pejotista de Ense­nada y la nacional, propusieron votar- más adelante pero no en asamblea, sino en urnas. Lo que está en discusión es la composición del directorio y quié­nes van a integrarlo para gerenciar las asociaciones empresariales.

Segunda victoria: los obreros de Astilleros impusieron su agenda

Con la presencia de más de 800 traba­jadores, se realizó otra asamblea el martes 9.

Se anunció la firma de un acuerdo con la empresa (ratificado por el Minis­terio de Trabajo) para que pasen a plan­ta los 540 contratados. Estos lo harían progresivamente y en cuatro tandas (desde noviembre de este año hasta marzo de 2005). La concreción de esta medida, contra toda bicicleta de la direc­ción del Astillero y del gobierno, será una derrota de la flexibilidad y de la precarización laboral.

Frente a la convocatoria a marchar a Capital para reclamar por la cons­trucción de cinco naves patrulleras en el ARS y por las leyes navales (que no contemplan los intereses de los traba­jadores sino de las patronales navie­ras), el PO propuso que la movilización fuera encabezada por la consigna de derogación de las leyes y decretos de privatización del Astillero. Esta mo­ción, votada por la Asamblea, coloca la lucha por el Astillero estatal en el cam­po de la movilización obrera. Más de 600 compañeros marcharon a Plaza de Mayo.

Nueva Fiscalizadora electa por la Asamblea General

Después de la Asamblea, los trabajado­res marcharon a la dirección del ARS para reclamar la renuncia del gerente comercial Alonso. Se propuso, también, que actuara la Comisión Fiscalizadora, pero la Asamblea decidió que se eligie­ra una nueva comisión integrada por tres compañeros. Entre ellos fue elegi­do Carlos Raimundo, quien defendió en todas las asambleas el rechazo a la So­ciedad de Estado.

La nueva fiscalizadora tendrá por función controlar el valor de la hora hombre para los trabajos del Astillero y cuántos compañeros nuevos podrían incorporarse para cubrir las nuevas necesidades. Esto también es estraté­gico porque la empresa y el gobierno no quieren tomar más trabajadores, pese a la reactivación.

No a la Sociedad de Estado

Pese a estos importantes triunfos, la “Sociedad de Estado” no ha sido derro­tada. La CCC, el MST y un sector de la burocracia son principales promotores y llaman a votar Sí en el plebiscito del 24, que está armado para dividir el vo­to opositor. El PO impulsa una campa­ña para convertir el rechazo a la Socie­dad de Estado en una acción masiva y contundente de las secciones y para que sea la asamblea del 23 la que defi­na la cuestión.